
Los miles de jóvenes de varios países europeos que participaron en una “rave” (fiesta de música electrónica) instalada ilegalmente en un área privada a orillas del lago Mezzano, en la región del Lacio (centro de Italia), comenzaron en la noche del miércoles a abandonar la zona tras las polémica desatada por el evento y el fallecimiento de un participante.
Según las fuerzas del orden que vigilaron la salida de los asistentes e identificaron a algunos de ellos, actualmente quedan en el área cerca de 250 personas, después de que durante la noche los organizadores decidieran terminar con la fiesta que comenzó el 15 de agosto y llegó a congregar a cerca 10.000 personas.
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La reunión ilegal que esperaban continuar hasta el próximo 23 de agosto había sido duramente criticada por el alcalde de Valentano, Stefano Bigiotti, por “comprometer la seguridad de toda la comunidad local, no sólo por los altísimos riesgos asociados a la emergencia epidemiológica”, sino también por los posibles daños ambientales.

El alcalde expresó su deseo de que “los culpables de esta perversa y vergonzosa iniciativa puedan ser identificados y llevados ante la justicia sin demora”.
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La polémica se intensificó a raíz de la muerte de un joven italo-inglés de 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado por buzos en el lago, donde sus amigos afirmaron que se había adentrado durante la noche, según fuentes policiales.
A pesar de su muerte, la fiesta no se detuvo y hasta cinco de sus participantes fueron hospitalizados por comas etílicos y consumo de drogas.
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Además, según informó el diario La Repubblica, ha habido hasta tres denuncias por violaciones y se han avistado perros que murieron por el calor e inanición.
Uno de los hospitalizados ha dado positivo por coronavirus, añadió el diario.
Políticos como el líder de la Liga, Matteo Salvini, han pedido responsabilidades a la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, por no haber actuado ante esta situación “totalmente fuera de control”.
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El diario La Repubblica cita al delegado del Gobierno en Viterbo, Giancarlo Sant’Elia, quien explicó que “el desalojo era imposible, dado que los miles de participantes están repartidos en una superficie de 30 hectáreas”.
Ahora, el ayuntamiento tendrá que enfrentarse a la limpieza del terreno y evaluar los daños. “La Guardia Forestal nos ha dicho que habría grandes cantidades de basura. Pero, ¿cómo se encarga un municipio de 3.000 habitantes de la basura que dejan 15.000? No tenemos los recursos”, lamentó el alcalde.
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(Con información de EFE)
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