El Gobierno francés recibió este jueves el visto bueno a dos de las medidas más polémicas previstas en el país contra la pandemia: la obligación de presentar a partir del 9 de agosto un certificado sanitario para acceder a bares y restaurantes y la vacunación obligatoria contra el COVID-19 para el personal sanitario.
La entrada en vigor de la nueva ley en la que se enmarcan ambas exigencias estaba pendiente del aval del Consejo Constitucional, el organismo encargado de velar por el respeto de la Carta Magna en la normativa.
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El controvertido pase sanitario ha provocado varias jornadas de protestas masivas en todo el país, con críticos que acusan al presidente Emmanuel Macron de poner en marcha una “dictadura” sanitaria.
Pero el Consejo Constitucional estimó que este certificado supone una “conciliación equilibrada” entre libertades públicas y protección de la salud.
Para incitar a la población a vacunarse, las autoridades impusieron desde el 21 de julio un certificado sanitario para poder ingresar a cualquier lugar de ocio o deportivo donde se concentren más de 50 personas.
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Este certificado que acredita la vacunación completa o un resultado negativo en una prueba realizada en las 48 horas previas, será también obligatorio a partir del lunes 9 de agosto en restaurantes, bares, trenes de larga distancia y vuelos domésticos.
También deberán presentarlo en los establecimientos de salud las personas que busquen atención médica no urgente y aquellos que visiten a familiares en residencias de ancianos
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El Consejo Constitucional vetó no obstante la posibilidad de despedir de trabajos temporales a las personas que no tengan este justificante.
Sin embargo, los empleados pueden ser suspendido del trabajo, sin sueldo, si carecen de certificado cuando la naturaleza de su trabajo lo exige.
El Consejo se pronunció tras haber sido consultado por el propio primer ministro, Jean Castex, y por parlamentarios de la oposición de izquierdas.
Esa institución precisó que estas nuevas medidas previstas por el Ejecutivo para contener la pandemia solo pueden ser aplicadas durante el plazo en que esté en vigor esa ley, hasta el 15 de noviembre de 2021.
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Las protestas contra este certificado decidido por Macron reunieron el sábado a unas 200.000 personas en toda Francia, y los organizadores convocaron nuevas manifestaciones para este fin de semana.
Alrededor del 54% de la población francesa está ya totalmente vacunada, y las autoridades se han propuesto vacunar este agosto a todos los refugiados y demandantes de asilo alojados en centros de acogida.
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La campaña estival, dirigida a personas sin casa y en situación irregular, pasa por una previa sensibilización entre los beneficiarios, que presentan dudas ante la inyección y sus consecuencias administrativas, y para lo que la tarea inicial de esta organización es “desmitificar la vacunación”, cuenta Castro.
El perfil de quienes acuden a estos establecimientos es variado. En su mayoría son hombres, solicitantes de asilo que buscan cobertura social y que acaban de llegar de África subsahariana, el Magreb y Oriente Medio.
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También los hay con permiso de residencia, pero cuya situación particular les impide acceder a los centros sanitarios.
Con información de EFE y AFP
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