La ex amante del rey emérito Juan Carlos I de España lo demandó en el Reino Unido: pide dinero y que no se acerque a menos de 150 metros

Corinna Larsen denunció “vigilancia ilegal” y busca una sustancial compensación económica ante el Tribunal Superior de Londres

Imagen de archivo de Corinna Larsen en el año 2014
POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
Imagen de archivo de Corinna Larsen en el año 2014 POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La empresaria Corinna Larsen ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior británico en la que acusa al rey emérito de España, Juan Carlos I, y a los servicios secretos españoles de someterla a “vigilancia ilegal” en el Reino Unido, según informó este martes el Financial Times (FT).

La denuncia de la examiga del monarca, conocida en España como Corinna Larsen, sostiene que sufrió acoso “desde 2012 hasta el presente”, lo que incluye amenazas y difamaciones, así como “vigilancia” tanto “encubierta” como “visible” por parte de agentes del rey emérito y de los servicios secretos.

Según el FT, la demanda, que fue presentada el pasado diciembre pero cuyo contenido no se ha conocido hasta ahora, también busca una sustancial compensación económica y pide al Tribunal Superior de Londres una orden de alejamiento de al menos 150 metros contra Juan Carlos I.

El rey emérito Juan Carlos, durante el acto de conmemoración del cuarenta aniversario de la Constitución presidido por el Rey en el Congreso. EFE/Zipi/Archivo
El rey emérito Juan Carlos, durante el acto de conmemoración del cuarenta aniversario de la Constitución presidido por el Rey en el Congreso. EFE/Zipi/Archivo

El rey emérito de España niega haber cometido cualquier delito, aunque su equipo legal no ha presentado todavía un escrito de defensa ante el tribunal, asegura el diario británico en la información de su corresponsal en España y fechada en Madrid.

El FT prevé que la demanda desate una batalla legal sobre la capacidad de los tribunales británicos de juzgar el caso, ya que Juan Carlos I es un antiguo jefe de Estado de otra nación que no vive en el Reino Unido.

En el centro de la polémica está el pago que el rey hizo a Corinna de 65 millones de euros (76 millones de dólares), parte supuestamente de un dinero que el difunto rey de Arabia Saudí había enviado a una cuenta bancaria en Suiza vinculada con una fundación con ventajas fiscales con sede en Panamá, y cuyo beneficiario era Juan Carlos I.

El rey emérito Juan Carlos I.
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El rey emérito Juan Carlos I. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

En su demanda, la empresaria señala que la intención del monarca era asegurar que tanto ella como sus hijos iban a poder mantenerse, porque, agrega Corinna, a Juan Carlos le preocupaba que su familia pudiese recurrir contra su herencia si le dejaba algo en ella.

La mujer ya había manifestado en repetidas ocasiones anteriores que había recibido amenazas por parte del entorno del rey emérito, en particular del exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, como dijo en enero en su declaración como testigo en el juicio contra el ex comisario José Villarejo, acusado de calumnias al exdirector del CNI.

La defensa de Villarejo preguntó a la testigo si las amenazas de Sanz Roldán le aterrorizaron. “Por supuesto me aterrorizó, aterrorizarían a cualquiera. El hecho de que el jefe de seguridad viniese a visitarme a Londres ya era bastante escalofriante”, respondió.

Declaración por videoconferencia de Corinna Larsen 
TSJM
Declaración por videoconferencia de Corinna Larsen TSJM

Para Larsen, que declaró desde Londres por videoconferencia, estos hechos dejaban de manifiesto la situación en la que se encontraba de “constantes amenazas y peligro”.

Según el diario El País, un juez designado por el Alto Tribunal británico asumirá ahora la investigación, y tendrá un máximo de 18 meses para realizar la instrucción del caso. Fuentes jurídicas señalan que Juan Carlos I cuenta con un precedente negativo para su presunta inmunidad. En 2000 el comité judicial de la Cámara de los Lores despojó de su inmunidad al ex jefe de Estado de Chile, el dictador Augusto Pinochet, al considerar que los delitos de tortura no podían ser considerados parte de las tareas de un jefe de Estado.

(con información de EFE)

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