El Gobierno de Sudáfrica anunció planes para desplegar a otros 25.000 militares para hacer frente a las protestas y disturbios de los últimos días tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato, que se saldó con 117 los muertos e importantes daños materiales.
La ministra de Defensa y Veteranos de Sudáfrica, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, resaltó que el despliegue inicial de 2.500 soldados fue considerado insuficiente por el presidente, Cyril Ramaphosa, quien pidió que se preparen planes para un refuerzo del mismo.
Así, reveló que hay propuestas para el despliegue incluso de 70.000 militares, si bien recalcó que se evaluará de forma diaria y agregó que sobre la mesa está el envío de 25.000 soldados para hacer frente a los incidentes, según informó el diario sudafricano ‘News 24’.
Por su parte, el ministro de Policía, Bheki Cele resaltó que los saqueos de los últimos días son una “cortina de humo” para aquellas personas que preparan “ataques contra el Estado”. “Algunas personas se están preparando para la guerra”, comentó, tal y como recogió la agencia alemana de noticias DPA.
La Unión Africana (UA) condenó el martes “el aumento de la violencia” en Sudáfrica y pidió “restaurar urgentemente el orden, la paz y la estabilidad” en el país africano, al tiempo que que la incapacidad de restaurar el orden “podría tener graves impactos no sólo en el país, sino en la región.
Las protestas estallaron después de que Zuma ingresara en prisión después de que el Tribunal Constitucional le condenara a 15 meses de cárcel por negarse a testificar ante un panel de jueces que está investigando los presuntos casos de corrupción en los que estuvo implicado durante sus nueve años de mandato al frente del país.
Zuma se convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC), partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa, se hizo con el poder en 1994.
La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana, figura equivalente al Defensor del Pueblo, Thuli Madonsela titulado ‘La captura del Estado’.
(con información de EP)
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