La Fiscalía General de Colombia anunció el lunes una investigación a un ex comandante del Ejército, que recientemente dejó su cargo, para establecer su posible responsabilidad en una serie de interceptaciones ilegales de comunicaciones a políticos, magistrados, militares y periodistas.
El proceso contra el general retirado Nicacio de Jesús Martínez, quien dejó el cargo de comandante del Ejército a finales de diciembre, se inició después de que la revista Semana denunció una serie de interceptaciones ilegales para espiar a políticos, magistrados, generales y periodistas desde cuarteles militares, lo que según la publicación precipitó su salida.
“La Fiscalía hoy comienza indagación en relación con estos hechos”, dijo en rueda de prensa el fiscal general encargado, Fabio Espitia.
Según informó la emisora local Blu Radio, el Ministerio Público intentará determinar en esta primera fase si hay fundamento para desencadenar un proceso judicial por el que se conoce ya como el nuevo escándalo de las ‘chuzadas’, nombre que se le da coloquialmente en Colombia a las escuchas telefónicas.
La revista colombiana Semana reveló el fin de semana que “algunas unidades del Ejército se han dedicado en el último año a desplazar a sus unidades móviles y utilizar sus equipos de última generación para saber en qué andan algunos periodistas, políticos, magistrados e incluso coroneles, generales y comandantes”.
Colombia ya se vio inmersa en un escándalo de espionaje hace casi una década por las escuchas telefónicas realizadas por el ya extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno de Álvaro Uribe a rivales políticos de todo tipo. La que fuera jefa del DAS, María del Pilar Hurtado, fue condenada a 14 años de cárcel.
“Semana ha tenido acceso a fotografías, documentos secretos, vídeos de seguimiento y más de una docena de fuentes directas que demuestran que las ‘chuzadas’ ilegales siguieron --al menos el año pasado-- más vivas que nunca”, ha indicado el medio local.
Entre los espiados están periodistas de ‘Semana’, el senador Roy Barreras (Partido de la U), el ex gobernador de Nariño Camilo Romero y la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana, entre otros.
Nicasio Martínez, en el ojo del huracán
De acuerdo con Semana, la dimisión de Nicasio Martínez como comandante del Ejército, que el presidente, Iván Duque, anunció el pasado 27 de diciembre por motivos personales, se debería, precisamente, a las ‘chuzadas’.
El general Martínez ya había estado en el ojo del huracán por un reportaje publicado el pasado mes de mayo por The New York Times, según el cual dio orden a la tropa de mejorar los números, ya fuera con capturas o bajas, resucitando así el fantasma de los ‘falsos positivos’, algo que las autoridades colombianas negaron.
Después del anuncio de la indagación en su contra, el militar retirado negó en un comunicado su responsabilidad en actividades ilegales y anunció acciones legales contra quienes lo acusan.
“Me encuentro totalmente ajeno a este tipo de acciones ilegales e injuriosas”, aseguró Martínez, quien según el Gobierno del presidente Iván Duque fue relevado de su cargo después de que lo solicitó por razones personales.
La respuesta del Gobierno de Duque
Por su parte, interrogado sobre el nuevo escándalo, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha asegurado que solo conoce la información publicada por ‘Semana’. “Solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo que es hoy de conocimiento público”, ha contestado.
No obstante, ha abogado por “el esclarecimiento de los hechos”. “El país lo que necesita es conocer la verdad, el Gobierno lo que necesita es conocer la verdad, el Ejército necesita conocer la verdad. (...) Y esa verdad, que es de naturaleza administrativa, disciplinaria, penal o fiscal, se conseguirá a través de las investigaciones”, ha afirmado.
Por su parte, Barreras aseguró que el Gobierno de Duque estaba al tanto de la práctica.
“Señor Ministro: El Gobierno, el propio Presidente Duque y la @FiscaliaCol YA CONOCÍAN de estos seguimientos ilegales”, escribió en su cuenta de Twitter.
Barreras agregó que personalmente denunció “estos hechos” al mandatario en julio de 2019 y llevó la denuncia a la fiscalía en agosto. Asimismo, cuestionó que el responsable de Defensa sostenga que solo supo de las escuchas ilegales cuando leyeron la investigación periodística.
Y recordó que en su momento el gobierno también quiso ocultar la muerte, en un bombardeo militar, de ocho menores reclutados por guerrilleros disidentes de las disueltas FARC, que firmó la paz en 2016.
(Con información de Reuters, Europa Press y AFP)
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