
Human Rights Watch aseguró este martes que China está llevando a cabo “el ataque más intenso contra los derechos humanos jamás realizado”. La declaración fue realizada por el titular de la ONG, Kenneth Roth, en el marco de la presentación de su Informe Mundial 2020. Allí, Roth describió la manera en que el gobierno del país ejecuta sus políticas represivas dentro de sus fronteras y como usa el control absoluto que tiene sobre la economía para resguardarse de consecuencias en el plano internacional.
Entre los ejemplos más visibles se encuentran la represión a las protestas pro-democracia en Hong Kong; la restricción a las libertades en el Tíbet; a la libertad de expresión en el país y su extensión en el plano internacional; y la detención y vigilancia de más de un millón de musulmanes uigures en la región de Xinjiang, bajo la fachada de que son “centros de formación profesional”.
Pese a que el informe -de 652 páginas- analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países, Roth se enfocó en China en su ensayo introductorio. Aseguró que, debido a que “el gobierno de China depende de la represión para mantenerse en el poder, ve los derechos humanos como una amenaza existencial”.
A su vez, indicó que estos atropellos también tienen efectos fuera de sus fronteras. “Las autoridades chinas utilizan su control sobre el acceso al mercado chino (que es 16% de la economía mundial) para penalizar a los críticos. Con esto, Beijing está extendiendo al extranjero la censura de las críticas”, detalló. “Es crucial que se oponga resistencia a esta embestida, que pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por cierto, nuestro futuro”, agrega.
La animosidad entre Roth y China parece ser mutua. El lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, reivindicó la decisión de impedir su entrada a Hong Kong, a donde había llegado el pasado domingo con el objetivo de presentar allí el Informe Anual. Al justificar su decisión, China acusó a Roth de “instigar a los manifestantes a llevar a cabo violentos delitos" y aseguró que este tipo de organizaciones tienen una “gran responsabilidad” por el caos vivido en Hong Kong durante los últimos siete meses de protestas y disturbios.

En otro pasaje de su ensayo, Roth remarcó que en los últimos años se ha opuesto a resoluciones de las Naciones Unidas que condenan violaciones a derechos humanos alrededor del mundo. Entre los distintos casos se encuentran Myanmar, Siria, Irán, Venezuela y Nicaragua. Roth vinculó este comportamiento con el hecho que “algunos gobiernos estén de acuerdo con Beijing, incluyendo los dictadores, autócratas y monarcas que tienen un interés permanente en socavar el sistema de derechos humanos que podría hacerlos responsables”.
Roth se explayó sobre los distintos atropellos en particular. Calificó al sometimiento de la etnia uigur como una “severa represión” y recordó que aproximadamente un millón de musulmanes “están recluidos indefinidamente en campamentos de ‘educación política’, donde se ven obligados a negar su identidad y jurar lealtad al Partido Comunista”.
“Las autoridades también separaron por la fuerza a algunos niños de sus familias ya que sus padres están detenidos o en el exilio, y los retuvieron en instituciones e internados estatales de “protección de menores”. También están imponiendo sistemas de vigilancia masiva, equipados con las últimas tecnologías, sobre los residentes de la región, examinándolos detenidamente y restringiendo su movimiento”, agrega.
La extensión de las prácticas de esta naturaleza fueron detalladas por The New York Times, que en noviembre de 2018 publicó más de 400 páginas de documentos secretos. Además del informe del Times, documentos publicados por el el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) muestran los estrictos protocolos que rigen la vida en la red de campos.

Refiriéndose a los detenidos como “estudiantes” que deben “graduarse” en los campos, las pautas establecen cómo el personal debe manejar su vida cotidiana, por ejemplo, asegurando “cortes de pelo y afeitados a tiempo”, al tiempo que enfatizan que a los detenidos se les prohíbe tener teléfonos celulares, según una traducción al inglés del memo publicado por ICIJ.
Si los llamados estudiantes “realmente necesitan abandonar el centro de capacitación debido a una enfermedad u otras circunstancias especiales, deben tener a alguien que los acompañe, monitoree y controle”.
Roth también se refirió a las protestas que tienen lugar en el territorio de Hong Kong desde junio de 2019. Aunque comenzaron en rechazo a una polémica ley que establecía la posibilidad de extraditar al continente sospechosos de cometer crímenes en la isla, ampliaron su abanico a reclamos por una mayor independencia del régimen.
El titular destacó tres aspectos negativos de la respuesta por parte de las autoridades de Hong Kong, alineadas con el gobierno chino: “rechazaron repetidamente los llamamientos para una investigación independiente de las denuncias de abuso policial. Desde junio, las autoridades arrestaron a más de 7.000 personas y denegaron al menos 17 solicitudes de protestas”.

En tanto, respecto de la opresión a la población del Tíbet, dijo: “las autoridades continúan restringiendo severamente las libertades de expresión, reunión y religión. Entre mayo y julio de 2019, miles de monjes y monjas fueron presuntamente expulsados de un monasterio en Sichuan y sus viviendas fueron demolidas. En noviembre, Yonten, un ex monje budista, se convirtió en el 156º tibetano en autoinmolarse desde marzo de 2009”.
Por último, Roth describió el alcance de los esfuerzos por parte del gobierno chino para limitar la libertad de expresión. Indicó que el país detuvo o convocó a cientos de usuarios de Twitter y los obligó a eliminar publicaciones críticas del Gobierno. Y en algunos casos los forzó a cerrar sus cuentas. A su vez, aseguró que lanzó una campaña de desinformación que caracterizaba a los manifestantes en Hong Kong como violentos o extremistas, actividad que llevó a que distintas redes sociales cerraran cientos de cuentas sospechadas de ser parte de la campaña.
En cuanto a los efectos de los avances en el extranjero, recordó la decisión de cancelar transmisiones y partidos de la NBA en el país luego de que el manager de los Houston Rockets, Daryl Morey, tuiteara en apoyo a los manifestantes de Hong Kong.
Para concluir, el ensayo refiere a un llamado a la comunidad internacional por parte Sophie Richardson, directora del Programa de China de Human Rights Watch: “Los gobiernos y las instituciones internacionales deben apoyar a quienes defienden los derechos humanos en China y reaccionar contra las políticas represivas de Beijing".
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