En medio de una serie de denuncias por abusos en la Iglesia católica española, uno de los casos más estruendosos empezó a juzgarse este lunes en Barcelona contra un profesor de las escuelas Maristas, afectadas también por un escándalo similar en Chile.
La Audiencia de Barcelona inició el proceso contra Joaquín Benítez, profesor de educación física laico que ejerció durante tres décadas en un colegio de esta orden católica en Barcelona.
Se lo acusa de cuatro delitos de agresión sexual, dos de ellos continuados. En total, se habían presentado 17 denuncias contra él por presuntos abusos entre principios de 1980 y 2010, pero la mayoría habían quedado prescritas.
El caso destapado en 2016 por El Periódico levantó un vendaval de acusaciones contra profesores de los Maristas, en su mayoría clérigos, y empezó a romper el silencio que se había impuesto durante años sobre los abusos a menores en la Iglesia española.
Aunque su rostro es público al haber aparecido en varias entrevistas reconociendo los hechos, Benítez acudió a los juzgados con un pasamontañas y, una vez sentado frente al tribunal, se cubrió la cara con las manos cuando los fotógrafos entraron para tomar imágenes.
La fiscalía pide para el acusado 22 años de cárcel, mientras que la defensa, a pesar de las confesiones públicas de su representado, reclama la absolución.
Después de dirimir las cuestiones previas, el proceso comenzó con las declaraciones de las víctimas que se hicieron a puerta cerrada y con una mampara que rodeaba al acusado para evitar el contacto visual con él.
En su testimonio deberían ratificar el historial de abusos recogidos en la acusación: tocamientos, masturbaciones, felaciones e incluso relaciones sexuales.
La mayoría se habrían producido en su despacho, adonde Benítez los citaba con el pretexto de practicarles un masaje si sentían molestias después de sus clases de educación física.
"Esperamos que se haga justicia, aunque la justicia no va a reparar el daño que se ha hecho a las víctimas", aseguró antes del juicio Manuel Barbero, el padre de uno de los alumnos que destapó el caso.
A raíz de su caso saltaron 43 denuncias contra una docena de profesores de los que solo Benítez y otro monitor de comedor fueron perseguidos por la Justicia, porque el resto estaban prescritos.
"La ley de prescripción se queda corta porque las víctimas necesitan más tiempo para madurar y presentar su denuncia. Esto tiene que cambiar", lamentó Barbero.
En España, el plazo de prescripción por estos delitos empieza a correr cuando la víctima cumple 18 años. El Gobierno quiere ampliarlo a 30 años, aunque las asociaciones de víctimas piden elevarlo a 50.
(Con información de AFP)
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