Human Rights Watch (HRW) denunció el martes el "intento" del gobierno tunecino de disolver la asociación Shams, que defiende desde 2015 los derechos LGTB en el país y lucha contra la aplicación del artículo 230 del Código Penal que criminaliza la homosexualidad con hasta tres años de cárcel.
"El gobierno tunecino debe poner fin a su ensañamiento contra una asociación a la que la justicia ha reconocido previamente su legalidad", declaró la responsable de la organización en Túnez, Amna Guellali, en un comunicado.
"Túnez, después de su revolución, es uno de los pocos países árabes en el que las organizaciones LGBT han podido funcionar abiertamente", declaró antes de añadir que "si son obligadas a echar el cierre, será la imagen de Túnez, santuario de libertad y democracia en la región, la que pagará el precio".
Según HRW, el contencioso se remonta a enero de 2016 cuando la Secretaría General del Gobierno presentó una denuncia contra Shams por "violar la ley de asociaciones" y que un mes más tarde la justicia resolvió a favor de la ONG.
Sin embargo, el pasado 20 de febrero la Abogacía del Estado recurrió contra esta decisión por "violar los valores islámicos de la sociedad tunecina que rechazan la homosexualidad y prohíben este tipo de comportamiento".
En esta línea, Guellali expresó su preocupación por la audiencia que se celebrará el próximo 1 de marzo y que podría determinar su disolución definitiva.
En declaraciones a Efe, el presidente de Shams, Mounir Baatour, denunció el pasado mes de diciembre una "caza de brujas" contra los homosexuales que cerró el año 2018 con "cifras récord": 123 arrestos, 250 agresiones, más de 500 peticiones de asilo en el extranjero y tres asesinatos homófobos.
Tras la llamada Revolución de Jazmín en 2011, que terminó con la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) salieron de la sombra aunque su situación es todavía muy precaria, ya que Túnez es uno de los 71 Estados que todavía castigan las relaciones homosexuales.
En 2014, varias organizaciones por los derechos civiles lanzaron una propuesta para cambiar el Código Civil pero fue rechazada por el Gobierno.
Con información de EFE
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