"Las autoridades del Reino Unido no actuaron para impedir el fraude, pese a haber sido informadas del riesgo de este relacionado con las importaciones de textiles y calzado originarios de la República Popular China desde 2007", indicó el ejecutivo comunitario en un comunicado.
En un informe en 2017, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) indicó que los importadores británicos usan facturas ficticias y falsas, además de declaraciones incorrectas del valor en aduana, con el objetivo de eludir el pago de aranceles.
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Bruselas también constató esta práctica creciente en Reino Unido entre 2011 y 2017, indicó el ejecutivo comunitario, que recordó que se les urgió a las autoridades británicas a adoptar "medidas adecuadas de control de riesgos".
La "infracción de la legislación de la UE" por las autoridades británicas "produjo pérdidas al presupuesto de la UE por valor de 2.700 millones de euros (menos los costes de recaudación) de noviembre de 2011 a diciembre de 2017″, precisó la Comisión.
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"La Comisión Europea ha decidido enviar un dictamen motivado a las autoridades del Reino Unido ya que se niegan a poner los derechos de aduana a disposición del presupuesto de la UE, como exige la legislación de la UE", agregó.
Un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, aseguró que Reino Unido se toma "muy en serio" el fraude aduanero y criticó la metodología de la UE que, a su juicio, "sobreestima los valores de importación" de su país.
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"En muchos casos, las importaciones legítimas de Reino Unido tienen un precio por kilogramo por debajo del precio medio de la UE", agregó.
Este procedimiento llega cuando Bruselas y Londres negocian la retirada de Reino Unido del bloque prevista el 29 de marzo de 2019 y empiezan a esbozar sus expectativas para la futura relación a ambos lados del Canal de la Mancha.
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La primera ministra británica ya anunció el deseo de los británicos de abandonar también el mercado único europeo y la unión aduanera, así como la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
En caso de que Reino Unido no responda a las preocupaciones indicadas en su dictamen motivado, la Comisión puede llevar a Londres ante este alto tribunal que, en última instancia, puede imponer una sanción económica.
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