El Gobierno español justificó la aplicación de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de las autoridades regionales independentistas a las leyes nacionales y porque sus decisiones "atentan gravemente" contra el interés general.
"Aplicamos el artículo 155 porque ningún gobierno puede aceptar que se viole la ley", afirmó el presidente Mariano Rajoy en una conferencia de prensa tras la reunión.
Se decidió destituir a Carles Puigdemont y recortar las competencias del Parlamento catalán. También se anunció la voluntad de convocar elecciones en Cataluña en menos de seis meses, "tan pronto como se recupere la normalidad institucional".
"Se liquidó la Constitución española en Cataluña", empezó su discurso Rajoy, quien acusó al Govern de impulsar un proceso "que ha buscado el enfrentamiento".
"Algunos querían llegar a esta situación, que se aplicara el artículo 155. Lo único que se hizo fue liquidar la ley y poner en marcha una legalidad paralela", remarcó el mandatario.
Rajoy subrayó cuatro objetivos que persigue con la medida. Éstos son volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones en situación de normalidad.
"No se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo (…). Estas medidas fueron acordadas con el Partido Socialista y Ciudadanos", concluyó.
El Ejecutivo central acordó aplicar el artículo 155 de la Constitución española después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, avisara el jueves pasado que el Parlamento regional podría votar la independencia si no hay diálogo entre ambas partes.
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.
Entre los motivos para activar ese artículo, el Ejecutivo español subrayó el "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de las obligaciones constitucionales de los gobernantes catalanes al poner en marcha un proceso de secesión.
Los gobernantes catalanes "han actuado sin reconocer el sometimiento a ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno", justificó el Gobierno.
También aseguró que las medidas que este sábado decidió para intervenir en Cataluña al amparo de la Constitución son "garantistas" y persiguen asegurar derechos y no restringir libertades.
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