Rumbo a las elecciones del 2023 y 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de lineamientos para evitar la injerencia o participación de funcionarios públicos, así como de los servidores de la nación, en todos los procesos electorales.
El pasado miércoles 14 de diciembre, a través de un comunicado, el órgano electoral informó que se aprobaron los lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral, por parte de las personas servidoras públicas.
Entre los lineamientos, el Instituto Electoral estableció que quienes operan los programas sociales, “servidores de la nación” o cualquier persona del servicio público que interactúe como intermediario en la entrega de beneficios o realice actividades con beneficiarios, deberán conducir su actuar de manera institucional.
Así como no realizar actos que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o bien, que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno.
Además, las y los servidores públicos deberán abstenerse de instruir o coaccionar al personal a su cargo para que realice cualquier conducta relacionada con los procesos electorales o de democracia directa.
“Tampoco podrán dirigir mensajes de índole electoral a la ciudadanía, ni usar los recursos públicos a los que tienen acceso o a su disposición para invitar a votar a favor o en contra de una opción política”, agregó el órgano.
Y es que de acuerdo con la consejera Adriana Favela, los lineamientos se aprobaron en acatamiento a una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y lo que se busca con ellos es “garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas”.
Los lineamientos, precisó la consejera, se han trabajado con diversas áreas del INE como la Comisión de Quejas, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, con la Secretaría Ejecutiva, con la Dirección Jurídica, así como con las distintas consejerías.
En tanto, Carla Humphrey, indicó que el TEPJF ordenó al INE elaborar las reglas, en un plazo de 30 días hábiles, en los que se establezcan las medidas preventivas a fin de evitar la injerencia de los servidores en procesos electorales y, de manera específica, el día de la jornada electoral.
Durante la discusión, Humphrey pidió votaciones por separado, a fin de establecer una temporalidad a la restricción de las y los servidores públicos que aspiren a competir por cargos electivos que les prohíbe asistir a eventos en que se entreguen beneficios de programas de actividades institucionales.
Mientras que el consejero Jaime Rivera recordó que algunas fuerzas políticas y servidores públicos han buscado “darle la vuelta” a las prohibiciones y encontrar nuevas formas de clientelismo político y de control corporativo de la acción y preferencias políticas, en sectores sociales económicamente menos favorecidos y más expuestos a la coacción y al control.
Por lo que estos lineamientos, detalló, son producto de evolución y experiencias políticas que reclaman unas reglas para cuidar la equidad de la competencia política y ofrecer a todos los contendientes “una cancha sin ventajas indebidas, ya que responde a una maduración de las capacidades de las autoridades electorales, no sólo administrativas, sino jurisdiccionales”.
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