“Urgente legislar sobre ciberseguridad”: el Congreso prepara una ley que proteja a México de hackeos futuros

No sólo la Sedena, numerosas dependencias de gobierno suelen ser objeto de ataques cibernéticos constantemente

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El Congreso promoverá una nueva Ley en materia de ciberseguridad (Foto: EFE / Sascha Steinbach)
El Congreso promoverá una nueva Ley en materia de ciberseguridad (Foto: EFE / Sascha Steinbach)

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, señaló que el tema de ciberseguridad en México necesita ser retomado seriamente por el Congreso de la Unión para entregar una legislación nueva que dé certidumbre jurídica en casos violatorios como del que fue objeto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Este jueves 6 de octubre, miembros de la Cámara de Senadores instalaron la mesa permanente de trabajo en materia de ciberseguridad, la cual tiene por objeto robustecer al Estado mexicano ante futuros hackeos, esto en relación a lo ocurrido recientemente con el grupo Guacamaya.

Posterior a la mesa de trabajo, el también coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) realizó numerosas declaraciones a medios de comunicación, a quienes les expresó su parecer ante el hackeo del que fue objeto la Sedena y de los numerosos intentos de los que diversas instancias han reportado.

“Es urgente legislar sobre ciberseguridad”, declaró ante las cámaras. Al respecto, señaló que han existido numerosos intentos de hackeo a dependencias federales, donde el Senado no ha sido la excepción; incluso, la Iniciativa Privada (IP) ha sido sujeto de ataques de esta naturaleza.

Es en este contexto en el que explicó que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República trabajarán de manera conjunta para que en este periodo ordinario de sesiones se tenga una Ley de Ciberseguridad que atienda las necesidades del Siglo XXI.

Con ello se espera prevenir ataques de hackers nacionales e internacionales que vulneran la información del Estado mexicano, particularmente, la relacionada a gobernabilidad y seguridad nacional. Detalló que la legislación que emane de estas discusiones en las diferentes mesas de trabajo aprobará de todas las corrientes parlamentarias y modernizará, entre otras cosas, el marco punitivo a quien violente la privacidad de las instituciones.

Ante la pregunta directa sobre el peso que cree que tuvo este atentado contra las instituciones del Estado, Monreal Ávila sentenció que no se trata de una vulneración menor, la cual debe de ser atendida con toda seriedad para que cada poder de la unión, motivo por el cual será trabajo del legislativo entregar una redacción que amplíe el marco jurídico en materia de seguridad digital para el gobierno.

Asimismo, señaló que mantener estos mecanismos de protección atienden a la conducta congruente en materia de seguridad promovida en el Senado, por lo que también mencionó que se debe de revisar la estrategia nacional de seguridad del gobierno federal para lograr tener un Estado mejor preparado en este rubro.

Cabe destacar que Ricardo Monreal ya había publicado una reflexión mayor al respecto, en la que planteó tres preguntas tras el hackeo: 1.-¿Qué pasaría si se filtrara información que pusiera en riesgo la seguridad nacional? 2.- ¿Qué tan vulnerable es la información confidencial, de volverse pública mediante ataques como los ocurridos? 3.- ¿Cómo se defenderá en el futuro el Estado mexicano de grupos que pretendan violentar la seguridad digital?

Finalmente, cabe recordar que en materia legal, el Código Penal Federal (CPF) tiene estipulado un marco endeble en materia de protección de datos del Estado, pues dicha información es de suma importancia para la gobernabilidad y, los castigos que se tienen en materia, son pequeños.

“A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”, se lee en el Artículo 211 bis del CPF.

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