Julia González, especialista en impacto social del sector energético mexicano, advirtió sobre un endeudamiento multimillonario en caso de que se llegue a aprobar la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), misma que plantea que la CFE obtenga el 54% de participación en el ramo.
Durante su participación en el sexto Foro del Parlamento Abierto para ampliar la discusión de las modificaciones a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, explicó que este asunto tiene el potencial de afectar a miles de ciudadanos, porque México firmó y ratificó tratados internacionales y esta propuesta podría violarlos.
Ante este planteamiento, González Romero prevé que si la iniciativa del ejecutivo federal se aprueba tal cual como está, esto podría significar un endeudamiento de USD 70 mil millones (1.4 billones de pesos aproximadamente) para compensar a los inversionistas privados, lo que representa un 20% del gasto previsto en el Presupuesto de Egresos (PEF) 2022.
Julia González Romero, consultora de González Calvillo, participa activamente en demandas de inconstitucionalidad contra leyes y reglamentos generales que pueden afectar al medio ambiente y a la competencia. También se ha desempeñado como experta en derecho administrativo y constitucional para la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA).
Otro industrial opinó en contra de la propuesta presidencial. Se trata de Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, quien prevé un retroceso en el sector.
En cambio, propuso fortalecimiento monetario y reglas que permitan a los inversionistas decidir a largo plazo porque la iniciativa privada quiere crecer y respetar los tratados internacionales.
Por su cuenta, la especialista Paola Salerno, señaló que no es necesario desaparecer a los órganos reguladores autónomos, tal cual como lo señala la iniciativa de reforma. Esto porque tanto el Centro Nacional de Control de Enérgica (CENACE) como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) atienden las necesidades del país en la materia y evitan concentración del poder energético.
En contraste, la académica y escritora Guadalupe Correa señaló que consultores y cabilderos que participaron en la aprobación de la reforma del 2013, promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, forman parte o tienen relaciones con plataformas de producción de energías y facilitadores de grupos de interés en el sector energético privado que están contra la iniciativa de AMLO.
La investigadora señaló que existen grandes asociaciones de energía, conformadas en su mayoría por empresas extrajeras que podrían poner en manos de otros países las decisiones del sector eléctrico mexicano.
También a favor de la iniciativa eléctrica, se presentó Héctor Alonso Romero, quien dijo que si se da todo el poder energético del país a la iniciativa privada podría derivar en un alza en los precios, lo que haría entrar en crisis a México, y recalcó que se deben de garantizar mejores condiciones en precio, seguridad y confiabilidad.
Romero Gutiérrez es especialista en temas energéticos y maestro en finanzas en el sector energético por la Universidad de Edimburgo y aseguró que esta reforma logrará que la CFE sea un organismo cuyo objetivo será potenciar el desarrollo nacional.
Juan Luis Hernández Avendaño señaló la carencia del Estado en el ramo eléctrico, pues el sector se encuentra capturado por el mercado y las élites políticas que lo han usado para hacer negocios particulares.
“Tenemos una absolutización del mercado y una mercantilización de los bienes públicos, lo que ha generado que seamos de los países más desiguales del mundo. La electricidad es un bien público, por lo tanto, es fundamental que el Estado regule su acceso”, declaró durante su participación en el Foro.
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