En la tarde del lunes, los contadores públicos mexicanos expresaron su preocupación por una de las propuestas que contiene el Paquete Fiscal 2022, que fue presentado ante el Congreso el pasado 8 de septiembre.
En esta nueva disposición, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quiere forzar a los contadores a delatar a los contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales o que lleven a cabo una conducta ilícita. En caso de omitir su deber, el profesional podría ser suspendido, o enfrentar una pena de cárcel de hasta seis años.
La disposición estaría enfocada a los profesionales que auditen los ingresos de personas morales, especialmente a aquellas compañías que percibieron más de 876 millones de pesos en el ejercicio fiscal anterior.
Para introducir esta obligación, la iniciativa legislativa de la dependencia propone reformar el Artículo 52, Fracción II del Código Fiscal de la Federación.
El nuevo párrafo establecería que el auditor debe notificar al Servicio de la Administración Tributaria (SAT) cuando conozca, después de realizar el dictamen, “que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal”.
Si se aprueba el proyecto de ley en el Congreso, la obligación entraría en vigor en 2022 y fijaría sanciones como penas de prisión de tres a seis años, o suspensión en el Registro de Contadores Públicos durante tres años.
Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) es necesario que esta propuesta se modifique, ya que no es “acorde con el principio de razonabilidad y proporcionalidad”.
Según el gremio, la adición pone en riesgo la independencia de los auditores y su libertad; además, les atribuye conocimientos propios de un abogado y le hace responsable de una falta que en realidad cometió el contribuyente.
“Con dicha reforma, la autoridad hacendaria transfiere a la Contaduría Pública inscrita una responsabilidad del contribuyente, que es el obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento con las disposiciones fiscales; al mismo tiempo y de forma errónea, le atribuye al contador público inscrito facultades propias de los profesionales en derecho”, se lee en el comunicado del IMPC.
“De aprobarse en el poder legislativo dichas obligaciones, el auditor, es decir, el Contador Público inscrito, perderá la imparcialidad e independencia que requiere llevar a cabo un dictamen fiscal, pues estaría asumiendo tareas gerenciales que le son ajenas”, agregó.
El instituto recordó que a los contadores tampoco se les puede atribuir funciones de perito, ya que no están calificados como tal en el código aduanero. Y también insistió en que, con esta modificación, un fallo técnico podría comprometer su actividad o condenarles hasta a seis años de cárcel.
“Con esta adición, la autoridad no considera que, aún realizada de conformidad con las Normas Internacionales aplicables, la auditoría tiene limitaciones técnicas inherentes que implican el riesgo de que algunos errores significativos pudieran ser detectados”.
Aunque reconocen que “consideran positivas” algunas de las iniciativas del Paquete Fiscal 2022, “cuyo objetivo es combatir frontal y decididamente la evasión fiscal”, exhortaron a las autoridades a modificar el proyecto de ley antes de que sea votado en el Congreso de los Diputados.
“Realizar a tiempo los ajustes necesarios evitará afectaciones graves al quehacer profesional de la Contaduría Pública, así como injusticias y distorsiones a su rol estratégico en el crecimiento de las empresas en México, concluyó el IMCE.
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