
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, confirmó el hallazgo de un nuevo centro de exterminio de personas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.
“Es un predio de importantes dimensiones, donde lo que encontramos y confirmamos fue la presencia de un crematorio clandestino de importantes dimensiones, donde se encuentran además diferentes indicios de restos óseos calcinados”, detalló Quintana durante su intervención en el programa Así las Cosas de la periodista Gabriela Warkentin.
“A primera vista se podría decir que es un crematorio que ha sido utilizado durante varios años y que seguía operando hasta hace poco en las zonas aledañas de Nuevo Laredo”, agregó. “No hay manera en este momento de confirmar ni afirmar que se trate de las mismas personas que han sido reportadas como desaparecidas en esta carretera en los últimos años. Es algo que se tendrá que confirmar de manera pericial”.
El descubrimiento del lugar se produjo a raíz de una serie de operativos que se realizaron en una franja de ranchos y casas abandonadas en las inmediaciones del kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Previamente, los elementos de búsqueda detectaron los primeros indicios previos como palas, hachas, credenciales de elector, teléfonos celulares, ropa, cinta metálica, entre otros objetos.
Efectivos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y de la Fiscalía General de la República, así como elementos de las fuerzas de seguridad locales, acompañan al personal de búsqueda en dicha vía federal.
“Vamos estar trabajando ahí por varios días. Es importante recordar que nosotros vamos a recuperar estos restos humanos de manera digna y con la debida diligencia para que sea la propia fiscalía de Tamaulipas la que identifique los restos y realice los trabajos en materia forense”, explicó Karla Quintana.
“Por la dimensión de lo que yo pude observar el día de ayer, parecería ser que vamos a tener que trabajar ahí por incluso varios meses”, aclaró.
Asimismo, los operativos en la demarcación están siendo custodiados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y las policías de Tamaulipas y Nuevo León. Las búsquedas están relacionadas con la desaparición de por lo menos un centenar de mujeres y hombres en la frontera con Nuevo León.
México sufre una severa crisis con más de 90.000 desaparecidos desde 1964, año en que comenzaron los registros, si bien la inmensa mayoría sucedieron después de 2007, con el inicio de la llamada guerra al narcotráfico bajo el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
Antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México en diciembre de 2018, las familias “habían asumido la tarea” de búsqueda por ellas mismas, pero ahora la comisión nacional las acompaña.
En agosto, el gobierno presentó un grupo coordinador para poner en marcha el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y anunció que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU visitará por primera vez México cuando la pandemia de coronavirus lo permita.
Pero la relación entre la comisión, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, y la Fiscalía General de la República (FGR) no es tan fluida como cabría esperar.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, impulsó una reforma del organismo para limitar su presencia en los mecanismos de búsqueda de personas al considerar que vulneraban su autonomía.
“Uno de los problemas más fuertes viene de las prácticas de las propias fiscalías. Si no se trata de manera coordinada la búsqueda de personas, difícilmente se combatirá esta crisis”, reprochó Quintana.
La comisionada lamentó que hay más de un 94 % de impunidad, no existe “un tratamiento igualitario a las víctimas”, no hay sentencias por violaciones a los derechos humanos ni grandes causas judiciales abiertas, además de una grave crisis forense con miles de cuerpos sin identificar.
Mientras, la Comisión Nacional de Búsqueda está limitada en cuanto a presupuesto y también en cuanto a funciones, pues necesita autorización de las fiscalías para hacer geolocalizaciones o inspecciones.
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