El enojo ciudadano sobre la batalla que enfrenta la Fiscalía General de la República (FGR) con la antigua gestión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) seguirá en el debate en los tiempos que vienen.
Desde el pasado mes de agosto, el órgano bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, abrazó la denuncia que el Conacyt presentó contra investigadores y científicos del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico por presuntos actos de delincuencia organizada. La acusación provocó un terremoto y alzó las voces de varios expertos del gremio científico y de la opinión pública, una de ellas la del periodista y columnista Raymundo Riva Palacio que refiere que hoy 31 investigadores están en el banquillo de los acusados por órdenes de arriba.
Riva Palacio, un crítico destacado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, puntualizó en su columna El ataque a científicos desde arriba, que la embestida de la FGR contó con el aval de las esferas más altas.
La denuncia, detalla, tiene su origen en una querella —fechada el 10 de julio de 2020— que con nombres y apellidos señalaba a personalidades específicas del Foro Científico, presuntamente responsables de operaciones con recursos de origen de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De acuerdo con el periodista, el documento estaba firmado por Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt.
La tormenta no vendría sino hasta el pasado mes de agosto, cuando la Secretaría de Hacienda entregó a Manero documentación y constancias para apoyar su petición de los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Hubo uno de ellos que llamó la atención: se trataba de un escrito formulada por el procurador fiscal, Carlos Romero, en suplencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. “Este movimiento es el que sugiere que el fiscal actuó de conformidad a lo que deseaba el gobierno federal, o el de funcionarios, específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador”, escribió Riva Palacio.
Sobre el caso, el mandatario federal López Obrador aseguró que había sido el último en conocer las denuncias. “Yo soy a veces el que me entero al final cuando presentan una denuncia y no porque no esté atento, sino porque no hay una instrucción . Cuando se tienen elementos se presume que hay un delito, el funcionario tiene que presentar una denuncia”, señaló Obrador.
El pasado jueves, la decisión de la fiscalía de increpar a los científicos agitó el debate en Twitter. Algunas voces apuntaron al caso de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, quien pese a ser catalogado como un peligro para la nación, no tiene ninguna orden de aprehensión en su contra.
El pasado 17 de octubre del 2019, la captura del descendiente del líder del Cártel de Sinaloa desató el terror en Culiacán, por lo que horas después el gobierno confirmó su liberación.
“Hasta hoy la @FGRMexico no tiene orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán Salazar, liberado ilegalmente por el presidente. Pero pide aprender a 31 científicos. Exrectores, académicos y físicos”, señaló el senador de la Ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza Longoria.
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