La defensa legal de 15 exfuncionarios públicos de la Ciudad de México (CDMX) quienes trabajaron en la construcción de la Línea 12 del Metro, aseguró que la investigación sobre el colapso de un tramo del viaducto elevado de la Línea 12 el pasado 3 de mayo está siendo manipulada por autoridades locales y por la empresa DNV ((Det Norske Veritas), la cual realiza un dictamen independiente para conocer las causas del derrumbe que dejó 26 personas muertas y decenas de heridas.
En conferencia de prensa, el abogado, Gabriel Regino, informó que ya presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de corrupción en contra de la fiscal del caso de la L12, María de la Luz Alcántar; contra la gerente del área de análisis de riesgo DNV, Milagro Trinidad González; y contra la empresa DNV México.
Y es que, de acuerdo a lo que señaló el litigante, en menos de 24 horas después al accidente, ya se había informado que DNV -una firma noruega- se contrataría para que llevara a cabo un dictamen sobre las causas que originaron el derrumbe y se le había permitido el acceso a la zona cero para que comenzaran su trabajo.
Sin embargo -dijo-, al poco tiempo comenzaron a tener evidencia de la zona como muestras de acero y concreto a las cuales no tendrían que haber accedido por tratarse de una firma particular que hace un dictamen independiente y que no colabora con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.
Es por eso que, indicó, se solicitará la nulidad debido a que la fiscal encargada del caso violó el debido proceso al entregar las pruebas a una empresa particular, cuando debió solicitar al gobierno asistencia internacional para la realización de los peritajes.
Indicó que la intromisión de la empresa DNV puso en riesgo la validez de lo investigado y todo puede ser anulado en prejuicio de las víctimas.
“Cómo es que una empresa privada contratada por Protección Civil tiene una cadena de custodia oficial, ¿quién se las dio?”, ¿Quién autorizó que una empresa particular entrara, tuviera acceso a indicios y además a una cadena de custodia que la propia DNV reconoce?”, cuestionó el abogado.
Gabriel Regino resaltó que a la denuncia por alteración de indicios se sumará la petición de que intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la falta de imparcialidad en el caso.
Además, enfatizó que se rompió la cadena de custodia de muestras que DNV había mandado a analizar a Estados Unidos, algo de lo cual se dieron cuenta hasta que las muestras regresaron a las oficinas de DNV México y no a la Fiscalía.
“La Fiscalía de la Ciudad de México contrató a un notario público, comisionó a agentes de la policía de investigación para que les entregara los elementos de acero. Ahí firmaron la cadena de custodia y los mandaron a Estados Unidos, no a una autoridad”, subrayó Regino.
“Estamos ante el gran riesgo de la nulidad (de la investigación). DNV dirige las investigaciones forenses, manipula indicios”, destacó el abogado.
Cabe recordar que el pasado martes 7 de septiembre, la empresa DNV entregó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) la Fase II del Dictámen Técnico Final sobre los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2021 en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), en el tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos.
En él se determinó que el siniestro se debió a la mala construcción de la llamada “Línea Dorada’', toda vez que hubo soldaduras deficientes, pernos mal distribuidos y grietas.
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