Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), informó que actualmente hay 4,233 expedientes de personas sentenciadas en revisión para ser liberadas bajo el decreto para beneficiar a víctimas de tortura, adultos mayores, enfermos, indígenas y presos que llevan dos años o más sin sentencia.
“Al momento se tienen ubicados 4,333 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujetos de análisis en el ámbito federal. Dichos expedientes ya fueron entregados a los jueces competentes, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al Instituto de Defensoría Pública y a la Fiscalía General de la República (FGR) según corresponda a cada caso, por lo que confiamos en que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad”, detalló el secretario.
Por otro lado, señaló que Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Segob y los gobiernos estatales han venido trabajando de manera coordinada para “hacer realidad un acto de justicia”, indicó el exgobernador de Tabasco.
En este sentido, se han hecho las gestiones correspondientes con jueces, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con la FGR con el objetivo de “agilizar” los trámites en las preliberaciones, así como llevar a cabo la modificación de las medidas cautelares.
“Hay que recordar que a partir de 2016, el otorgamiento de libertad anticipada es atribución exclusiva del Poder Judicial. Sin embargo, hemos hechos las gestiones necesarias para que este tenga todos los elementos de resolución en cada caso”, agregó el funcionario.
Así pues, en las últimas semanas se han realizado las revisiones a fin de determinar quienes cumplen con los requisitos para ser preliberados y modificar así las medidas cautelares y obtener su liberta, detalló Adán Augusto López.
De acuerdo con el secretario, cada mes se irá actualizando la información relacionada con la Ley de Amnistía. Precisó que a julio de 2021 se contabilizaron 220,866 personas privadas de su libertad, de los cuales 16,464 se ubican en centros federales, es decir, al rededor del 7.4% del total.
En este sentido, el 92.6% de los internos que podrían acceder al beneficio están en el ámbito local. Por el contrario, las personas que no podrán ampararse en dicha legislación son quienes hayan cometido delitos que atenten contra el desarrollo de la libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestros, ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, los cuales en su mayoría son del fuero federal.
De acuerdo con el titular de la Segob, en Chiapas y la Ciudad de México ya se publicaron los acuerdos para llevar a cabo la preliberación. En la primera entidad suman 198 y en la segunda 40 personas sujetas a este beneficio.
“Como resultado de esto les puedo comentar que con algunos gobiernos estatales ya hemos podido avanzar y al día de mañana se hará efectivo el otorgamiento de beneficios a 682 internos. En Baja California Sur con 10, Baja California con 63, Chiapas con 198, Ciudad de México con 40, Colima con 13, Durango con 100, Nayarit con 30, Oaxaca con 48, San Luis Potosí con 7, Sinaloa con 15, Tabasco con 12, Tlaxcla con 2 Veracruz con 50, Zacatecas con 57 y 36 de penales federales.
Y es que, el pasado lunes se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité permanente que seguirá y gestionará todas las solicitudes de internos sentenciados injustamente.
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