El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnó la elección a gobernador en Sinaloa, la cual ganó el morenista Rubén Rocha Moya, tras documentar que se violaron los principios constitucionales en materia de libertad de voto, equidad y certeza “que viciaron la voluntad de los electorales”.
En el recurso de inconformidad, el Revolucionario Institucional señaló ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que antes y durante la jornada electoral, se vivió un clima de miedo derivado de diversos hechos de violencia a lo largo del territorio estatal, que a su vez violaron el ejercicio efectivo de derecho al voto “libre de toda violencia, amañada de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo”, reportó Milenio, el cual tuvo acceso al documento.
Entre los 15 actos de violencia previos a las elecciones, se encuentra la privación de la libertad del secretario de organización electoral del PRI, Alberto Salas Beltrán; robo de casillas electorales del distrito 04; así como el ataque a las casas de campaña de los candidatos a las alcaldías de Los Mochis y Mazatlán.
En tanto, que durante la jornada electoral hubo robo de paquetería electoral en distintos puntos del estado; ataques y robos de grupos armados que habrían provocado que el gobernador priista Quirino Ordaz solicitara más elementos de la Guardia Nacional, e incluso un llamado a la Secretaría de Gobernación por “intimidaciones y reportes ciudadanos”, denunció el partido.
El recurso de inconformidad interpuesto por el PRI destaca que “con los actos de violencia registrados antes y durante la jornada electoral del pasado 6 de junio, se atentó en contra del marco normativo constitucional y legal, cuya tutela está directamente encaminada a la prohibición de los actos que generen presión o coacción a los electores y a garantizar el voto libre y secreto”.
Esto -señaló el partido- provocaría la violación principio de certeza, pues “no se puede saber a ciencia cierta si los electores emitieron su sufragio libremente y sin presión o, en su defecto, si lo hicieron bajo el temor de sufrir algún daño y por tal motivo cambiar su sentido del voto, así como tampoco se tiene ciencia cierta que no se hayan violado los materiales electorales, afectando le resultado de la votación recibida en cada casilla”.
Esto provocó que, aunque participó el 51% de la población sinaloense, resulta “imposible determinar la cantidad de personas que decidieron su voto con su libertad vulnerada ante el clima de violencia e intimidación que se presentó antes y durante la jornada electoral” pero sí existieron actos de trascendencia constitucional de la violación, que viciaron la voluntad de los electorales lo que da una “base fáctica suficiente para tener por probada la vulneración de la constitución”, sostiene el documento.
“Debe decirse que los hechos violentos y disturbios acaecidos antes de la jornada y durante la misma, analizados de manera aislada podrían no ser suficientes para anular la elección de gobernador del estado de Sinaloa, sin embargo, analizados en el contexto general de violencia y en el clima de inseguridad que se generó, adquieren aún mayor trascendencia y relevancia, (…) con ello queda clara la grave afectación que sufrió el proceso electoral, pues no se dejó elegir libremente a la ciudadanía”, destacó el PRI en su recurso de inconformidad.
Cabe recordar que el gobernador electo, el morenista Rubén Rocha Moya, ha sido señalado de tener vínculos con el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, con quien se habría reunido y presuntamente, habría obtenido su aval para ser el candidato ganador de la elección.
No obstante, Rocha Moya ha negado todos los señalamientos.
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