
El pasado 7 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta de los Estados Unidos (EE.UU.) Kamala Harris, donde principalmente abordaron el tema del conflicto migratorio entre ambos países. Sin embargo, el mandatario mexicano también reveló que hubo otra petición por parte de su gobierno al de los EE.UU. Se trata del expediente de un caso en territorio norteamericano que podría estar relacionado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
López Obrador no reveló mucho más allá de que fue la Comisión de Derechos Humanos encargada de investigar el caso de Ayotzinapa quien “me solicitó que yo hiciera una gestión con el gobierno estadounidense para conseguir un expediente que tienen las autoridades de EE.UU., y le pedí a la vicepresidenta que nos ayudara”.
Además, el presidente mexicano reveló el día de hoy que las autoridades estadounidenses enviaron una primera parte del expediente a la semana de la solicitud a la vicepresidenta Kamala Harris, “y están por enviarnos esta semana el resto”, aseguró.

No se ha revelado más información por parte de ninguno de los dos gobiernos sobre el contenido del expediente. Lo que sí se sabe es que en la corte de Illinois en Chicago, se han llevado a cabo una serie de juicios en los cuales aparentemente se ha revelado información relevante sobre lo que ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
En el 2018 el diario Reforma dio a conocer que en el caso No. 1:14-cr-00705 de la Corte Norte de Illinois en contra de Pablo Vega Cuevas (también conocido como “El Transformer” o “El Silver”) y sus socios en como jefes de Guerreros Unidos, se revelaron conversaciones ocurridas a partir del 26 de septiembre donde aparentemente ellos coordinan los eventos que ocurrían en Iguala.
Guerreros Unidos es el cartel que, según la “verdad histórica” presentada por el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, asesinó e incineró a los 43 normalistas entregados a ellos por policías corruptos.

Aunque la investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retó y desmintió esta versión, el papel de los Guerreros Unidos en la desaparición forzada de los normalistas sigue siendo investigada por la comisión que en el gobierno de López Obrador tiene la tarea de revelar la verdad sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Una de las teorías está relacionada con el delito por el cual Pablo Vega fue capturado por la justicia norteamericana en agosto del 2013.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH que hizo la investigación paralela del caso, pidió en su momento a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que ahondara en las investigaciones del quinto autobús en el que se transportaban los estudiantes.

El GIEI sospechaba que en ese quinto autobús se encontrara oculto un cargamento con drogas o dinero perteneciente a los Guerreros Unidos. Pablo Cuevas, jefe desde Chicago de esta organización criminal, fue acusado por la justicia estadounidense de usar transportes de pasajeros para contrabandear drogas al interior hacia territorio norteamericano.
El expediente del caso en contra de Pablo Cuevas, que contiene información que podría ser de interés para la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, revela una conversación intensa a través de mensajes de Blackberry por parte de entre “El Silver” y otro personaje que se identificó como “Soldado del Amor” ocurrida la noche del 26 de septiembre del 2014.
En los mensajes interceptados, cuando “Silver” pregunta cómo van las cosas, el “Soldado del amor” responde: “se metieron los contras y hubo un vergasero”.

Dos horas después, una persona identificada como “Aníbal” le manda otro reporte de la situación “Solo que llevaban 60 paquetes ya guardados (clave para personas detenidas-desaparecidas) y otros con San Pedro (asesinados) de aquellos y solo heridos de este lado incluyendo la sirvienta de ‘El Oso’”.
En el 2019, Pablo Vega Cuevas, “El Silver”, se encontraba en negociaciones con la justicia estadounidense para ser puesto en libertad a cambio de declararse culpable y pagar una fianza. Esta estrategia fue la misma que emplearon otros colegas suyos, como Alexander Figueroa, Isaías Mandujano y Eliseo Betancourt-Pereira, operadores de Cuevas en Chicago.
A la fecha no se han dado a conocer actualizaciones sobre el caso de Pablo Vegas Cuevas.
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