Senadora pidió investigar a Felipe Calderón y García Luna por posibles desvíos de 300,000 millones de pesos

Geovanna Bañuelos, del PT, precisó que son contratos otorgados sin licitación y de manera directa a particulares para la administración de al menos ocho penales que se concesionaron entre 2011 y 2012

Calderón y García Luna son los señalados por los contratos con penales que habrían provocado daños al erario (Foto: Iván Stephens/ Cuartoscuro)
Calderón y García Luna son los señalados por los contratos con penales que habrían provocado daños al erario (Foto: Iván Stephens/ Cuartoscuro)

Una senadora oficialista solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un informe puntual y detallado del estado que guarda la investigación sobre los supuestos desvíos de recursos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el ex presidente de México, Felipe Calderón, relacionados con el otorgamiento de contratos sin licitación por casi 300,000 millones de pesos.

La senadora Geovanna Bañuelos, la líder del PT (Partido del Trabajo) en el Senado, uno de los aliados de Morena, el partido en el poder, enfatizó mediante un punto de acuerdo que estos contratos que fueron otorgados sin licitación y de manera directa a particulares para la administración de al menos ocho penales que se concesionaron entre 2011 y 2012 y que habrían causado graves daños al erario.

Por ello, pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador informar sobre el estado actual que guardan los centros penitenciarios federales, su cumplimiento en materia de protección de derechos humanos y las cláusulas de los contratos celebrados con particulares para operar cárceles.

AMLO anunció acuerdo con empresas que administran cárceles privadas (Video: Gobierno de México)

“En el grupo parlamentario compartimos el malestar del presidente López Obrador y de la secretaria (de Seguridad) Rosa Icela Rodríguez ante los eminentes desvíos de recursos otorgados en el sexenio de Felipe Calderón, donde se benefició a empresas privadas y servidores públicos en detrimento de la sociedad mexicana”, señaló.

Bañuelos recordó que en diciembre pasado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó una denuncia en contra de Genaro García Luna, por delitos de lavado de dinero y desviación de recursos que implican más de 300,000 millones de pesos. El llamado “súper policía” se encuentra preso en Estados Unidos a la espera de su juicio por delincuencia organizada lavado de dinero.

Hasta el momento, en la investigación de la FGR que podría abarcar al expresidente Calderón, se encuentra implicado García Luna y otros exfuncionarios por la administración de los penales varoniles de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán, Coahuila y el femenil de Morelos.

El pasado 23 de abril, el gobierno federal informó sobre negociación de una reducción de 15% en los pagos de autoridades por el funcionamiento de ocho reclusorios federales, cuyos contratos fueron firmados en el sexenio de Calderón con empresas privadas, seis de las cuales traspasaron los beneficios a otras compañías.

La senadora Bañuelos solicitó informes a la FGR, la UIF y la Segob (Foto: Cortesía PT)
La senadora Bañuelos solicitó informes a la FGR, la UIF y la Segob (Foto: Cortesía PT)

La senadora del PT por Zacatecas reconoció que el sistema penitenciario es fundamental para cumplir con el mandato constitucional de reinsertar a las personas a la sociedad. Sin embargo, a raíz de los contratos celebrados, el costo diario por la atención de cada interno se estima en 3,000 pesos.

Es decir, al mes se deben pagar 114,588 pesos por cada uno de los reclusos en dos centros penales privados

De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno federal en 2020, 15,562 millones de pesos fueron utilizados para pagar a las empresas privadas, es decir, el 68.3% del presupuesto ejercido por Prevención y Readaptación Social.

En este sentido, la senadora Bañuelos enfatizó que los presuntos hechos cometidos durante el sexenio 2006-2012 deben ser investigados profundamente, ya que la corrupción “vulnera los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”.

“Asimismo, condenamos la privatización del sistema penitenciario federal, en donde las utilidades desplazan a los derechos de las personas internas y de sus familiares”, mencionó. Por ello, urgió a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes y deslindar responsabilidades sobre el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios involucrados durante la administración de Calderón Hinojosa en el desvío de recursos.

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