Los 32 gobernadores han sido convocados para que asistan este martes 23 de marzo a las 12:00 horas a Palacio Nacional, con el fin de que firmen el “Acuerdo Nacional por la Democracia”.
Lo cual es un compromiso para la no intervención en el proceso electoral, además, de vigilar que no se use recursos públicos para favorecer a un partido político o candidato, el cual es promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es un evento que trascendió será privado, también fueron convocados Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación.
El periodista Salvador García Soto indica en su columna de opinión para El Universal que “la intención es buena y tendría que suscribirla cualquier autoridad que se diga comprometida con las prácticas democráticas y electorales, pero el único problema es que ningún gobernador conocer el contenido del acuerdo que firmarán”, porque nadie se los envió.
Relata que consultó a varios gobernadores y que lo único que recibieron fue la invitación para asistir al encuentro convocado por el mandatario y la orden del día.
Es un reunión a la que se espera asista la mayoría de los gobernadores y, puntualiza que la presencia de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador por Tamaulipas, es la que genera más expectación ante la petición de la FGR a la Cámara de Diputados para su desafuero, por acusaciones de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.
Sobre la convocatoria de Alejandro Gertz Manero para la firma del acuerdo, refiere, uno de los gobernadores de la oposición cuestionó que si se está hablando de una democracia judicializada o de unas elecciones que también se definirán en los tribunales.
García Soto menciona que “si López Obrador invitó a los gobernadores para asustarlos con denuncias penales por delitos electorales o pedirles que asumen compromiso con sentido, tendría que empezar a predicar con el ejemplo”.
Porque aunque el mandatario en discurso indique que no se usen recursos ni los programas sociales para favorecer a un partido en las elecciones, la realidad es que se ha documentado que promotores de Morena están realizando visitas para “solicitarle” a la gente apoye al partido. De acuerdo con un video que circuló en redes sociales, les indican que si votan por otro partido podría disminuir el monto que reciben. Y de forma local se conoce que se realiza proselitismo con los programas sociales.
El 2 de marzo, la comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó una medida cautelar contra Morena para que sus brigadas se abstengan de solicitar a la ciudadanía información de la credencial de elector, para no vincular ningún programa social, especialmente la vacunación contra COVID-19.
“Por más que López Obrador diga que ‘no somos iguales’ y hasta haya mandado a poner en la ley como un delito grave el uso y desvío de recursos públicos con fines electorales, en la práctica nadie puede negar que hay toda una operación política y territorial para conectar las ayudas económicas de este gobierno, las mismas que hoy el presidente propone aumentar y entregar más pronto, como la pensión a adultos mayores, con las bases de votantes y simpatizantes del partido oficial”, explica.
El próximo 6 de junio se celebrarán las elecciones que se han denominado como las más grandes y complejas en el país, ya que se votarán por 21,383 cargos elección popular y serán aproximadamente 92.4 millones de personas que emitirán su voto para lo cual será necesario instalar 164,550 casillas.
Y añade que estará por verse cuántos de los asistan a la reunión firmarán el compromiso “que parece encaminado sólo a frenar la operación de los estados mientras a las dependencias federales y al estratega electoral que es Gabriel García Hernández se le da manga ancha en el proselitismo a través de los programas sociales”.
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