Un juez de control vinculó a proceso a Iris Cristina “N”, la sexta detenida por el caso del accidente aéreo en el que murió la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas.
En la audiencia que tuvo lugar en la Casa de Justicia del municipio de San Andrés Cholula, el juez consideró que las pruebas expuestas por el Ministerio Público fueron suficientes para fincarle responsabilidad a la mujer por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad.
Además, el juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias, previo a que se dicte sentencia en su contra. Asimismo, ratificó como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluida en una cárcel durante el proceso legal.
Iris Cristina, de 45 años de edad, trabajaba en el Departamento de Ventas de la empresa Rotor Flight Services como encargada de darle mantenimiento al helicóptero que se desplomó el pasado 24 de diciembre de 2018. Fue detenida el pasado 10 de febrero en Veracruz.
Junto con ella, otros cinco implicados permanecerán en prisión preventiva, mientras se resuelve su situación legal.
De acuerdo con las autoridades locales, Iris Cristina “N”, de 45 años de edad, dio el permiso para que una pieza de la aeronave donde viajaban las cinco personas, que presentaba fallas desde el mes de septiembre de 2017, fuera sustituida, sin embargo, no dio aviso del cambio, por lo que no se pudo constatar su funcionamiento y estado.
Cabe recordar que en el mes de diciembre de 2020, autoridades poblanas emitieron un comunicado en el cual afirmaron la detención de cuatro implicados en el accidente aéreo. Entre los que se encontraban el dueño de la compañía Rotor Flights Services y dos mecánicos del avión, así como un técnico, Ricardo “N”.
Ese mismo día, en Ciudad de México, una mujer fue detenida por su presunta relación con este accidente, informó la Fiscalía General de Justicia de la capital. La orden de aprehensión en contra de María “N” se ejecutó en colaboración con la Fiscalía de Puebla en la colonia Santa María la Ribera, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.
Los delitos por los cuales fueron acusados los otros implicados son homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad de declaraciones. Sin embargo, los abogados de los empleados mencionaron que notificaron a la empresa “Servicios Aéreos del Altiplano”, dueña de la aeronave, sobre las fallas en el sistema de estabilidad, por lo que no se podía realizar el vuelo.
Se argumentó que estos imperfectos fueron reportados alrededor de 11 días antes del accidente, y que la empresa era la responsable de autorizar el reemplazo de la pieza para reparar la aeronave para que pudiese volar sin complicaciones. Sin embargo, detallaron que la pieza nunca se cambió e incluso se realizaron un par de vuelos antes del accidente.
Durante el mes de marzo de 2020, el gobierno Federal dio a conocer el informe definitivo acerca del accidente donde murieron Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. En él se aclaró que el accidente no fue ningún sabotaje, por lo que se le atribuyó a una falla técnica de la aeronave.
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