En la sierra alta de San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, un grupo de campesinos se opuso a la destrucción de plantíos de amapola que el ejército estaba a punto de realizar el pasado 30 de noviembre. Esto quedó asentado en una grabación donde los hombres piden a los militares no hacerlo, pues no tienen otra forma de obtener ingresos.
“Somos campesinos que estamos sobreviviendo aquí, pónganse en nuestro lugar, qué otra cosa tenemos para que nos podamos alivianar, tenemos familias que mantener”, comentaron mientras reprochaban a los militares, quienes les argumentaron que su actividad era ilícita, por lo cual debían proceder.
Tras la llegada de los militares, estos mencionaron que después de realizar la destrucción del plantío les entregarían apoyos a cada uno de los trabajadores; sin embargo, estos no los aceptaron, pues alegaron que sólo se los darían una vez y no podrían mantener a sus familias con eso. “Sólo si es quincenal”, se alcanza escuchar la frase de uno.
Posteriormente, la comunidad de campesinos pidió que se les diera una oportunidad de hablar con las autoridades, pero los militares contestaron que eso no iba a ser posible, pues estas tienen el estigma de que ese tipo de sembradíos son un sitio violento, a lo cual contestaron de manera negativa, además de que en todo momento durante la grabación se expresaron de manera cordial hacia los miembros del ejército.

“Ustedes se manejan por órdenes, están en su derecho, a ustedes los mandan, pero échenos la mano, también estamos jodidos, tenemos hijos que mantener”, dijo uno de los agricultores; sin embargo, la respuesta que recibió no fue satisfactoria.
“De mi parte no puedo decir ‘sale, te lo dejo’, porque igual es un delito que yo estoy cometiendo, al no destruir el plantío si yo lo estoy viendo”. Ante esta contestación, el grupo de campesinos reiteró la posibilidad de que pudieran hablar con un superior del soldado, a fin de mantener su plantío intacto.
Acerca de este asunto, el gobernador de la entidad, Héctor Astudillo, comentó que se debe partir del hecho de que se trata de una actividad ilegal, no obstante, aceptó que ni el gobierno estatal, federal o el ejército busca confrontaciones con estas comunidades.
Cabe recordar la polémica ha sido algo recurrente en este tema, pues desde hace un tiempo, los amapoleros en la entidad han exigido al gobierno federal que les permita ingresar al padrón del programa federal Sembrando Vida, a través del cual podrían dejar de cultivar esta planta con la que se puede producir heroína.

Lanzado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a comienzos de 2019, el programa gubernamental llegó a Guerrero este año. A través de él se pagan 5,000 pesos mexicanos (alrededor de USD 240) mensuales a los miembros de la comunidad por la siembra de árboles en un esfuerzo por alejarse de los cultivos ilícitos.
La meta, han declarado las autoridades, es mejorar las condiciones de quienes viven en zonas rurales y detener la degradación ambiental. Sin embargo, la implementación del programa no ha sido fácil para todos los habitantes de la Sierra.
El Observatorio por la Paz y el Desarrollo de la Sierra (OPDS) ha afirmado que los funcionarios ni siquiera han visitado ciertas comunidades en la zona ni se han tomado el tiempo necesario para conocer el terreno.
Incluso esta organización acusó al ex delegado federal, hermano de la secretaria de la Función Pública federal y hoy aspirante a la gubernatura de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de haber dejado fuera de Sembrando Vida a cientos de pueblos de la sierra bajo el argumento de que “no habían pacificado la zona”.
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