Aunque el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, ha festejado el trabajo de su órgano legislativo por las reformas aprobadas durante la LXIV Legislatura, algunas, como la Ley de Amnistía, no se han aplicado a cabalidad y tras siete meses de su aprobación, el gobierno federal no ha resuelto ninguna solicitud formal de la 762 que se han presentado en este sentido.
Uno de los objetivos de esta legislación era el de despresurizar las cárceles con el fin de reducir los contagios de COVID-19, no obstante, los casos de la enfermedad, así como las muertes ocasionadas por la misma continúan en aumento.
Si bien la Ley de Amnistía fue aprobada el 20 de abril en el Senado, su diseño y puesta en marcha ha tomado casi ocho meses a la administración del presidente López Obrador. Cabe mencionar que hasta agosto fue cuando se publicaron los Lineamientos para el Procedimiento de Atención de Solicitudes de Amnistía en el Diario Oficial de la Federación, los cuales son necesarios para iniciar el registro de solicitudes.
Este documento establece que por cada petición, las autoridades deben elaborar un expediente, mismo que debe terminar en un proyecto de resolución realizado por una secretaría técnica. Posteriormente, una Comisión de Amnistía debe aprobar o rechazar los proyectos, pero hasta el momento sólo ha tenido una sesión, que fue la de su instauración, de acuerdo con información del portal Animal Político.
Según datos que la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó después de una solicitud de información vía transparencia, hasta el mes de octubre, internos en alguna prisión del país habían presentado 762 solicitudes formales de amnistía. De ese total, 75 se encuentra en proyecto de resolución, por lo que falta la determinación de la Secretaría Técnica para aprobar o desestimar la petición.
Cabe mencionar que la ley contempla un periodo de cuatro meses desde la presentación de la solicitud y su definición, por lo que diciembre podría ser el periodo en que la comisión discuta la aprobación de los proyectos. Sin embargo, la Segob detalló que hay 78 peticiones en donde los reos no están procesados por ningún delito contenido en la legislación, esto significa que no se les puede otorgar la amnistía.
Entre los delitos que entran en la Ley de Amnistía se encuentran el aborto y homicidio agravado en razón de parentesco, el cual se suele imponer a las personas que hayan auxiliado a una mujer a interrumpir su embarazo. También contempla los cometidos por personas indígenas, siempre y cuando no hayan contado con traductor o intérprete durante su proceso; delitos contra la salud; robo simple sin violencia; y sedición.
La mayoría de los reos que han hecho solicitudes tienen relación con delitos contra la salud, como venta de narcóticos (452 casos), un caso de una mujer procesada por aborto y una persona más por homicidio en razón de parentesco. Además, hay otras 230 solicitudes donde no se proporcionó de qué delito se trataba.
Otro punto relevante de esta legislación es que únicamente las personas procesadas a nivel federal pueden acceder a la amnistía, es decir, las solicitudes que estén motivados por reos que hayan cometido delitos del fuero común también serán rechazadas por la secretaría técnica.
María Sirvent, directora de la organización civil Documenta, dijo a Animal Político que si bien esta ley se aprobó durante la pandemia, va mucho más lejos de este periodo de emergencia sanitaria; sin embargo, ni siquiera en este contexto se han entregado amnistías rápidamente.
A lo largo de la pandemia, diferentes organizaciones civiles han denunciado las problemáticas que enfrentan las poblaciones al interior de las prisiones, pues las condiciones de hacinamiento se agudizaron durante la pandemia, lo cual impactó en los casos positivos y fallecimientos.
De acuerdo con datos del Observatorio de Prisiones, basado en información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta el 22 de noviembre se habían contabilizado 2,774 casos confirmados de COVID-19, así como 234 defunciones.
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