Un juez federal ha girado una nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien estuvo a cargo de dos secretarías durante el anterior sexenio, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Este viernes será cumplimentada la orden de detención en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde actualmente se encuentra recluida la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social. El delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.
Según fuentes del gobierno federal, la orden de captura fue formalizada desde la cárcel de máxima seguridad Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, desconocía esta nueva acusación por lo que ya se encuentra en camino a dicho Centro de Justicia Penal Federal.
El pasado 26 de octubre, la justicia mexicana determinó que la ex funcionaria de Enrique Peña Nieto, debía continuar su proceso penal en prisión, luego de que un juez desechara el recurso interpuesto por la acusada en referencia al caso de La Estafa Maestra.
El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos reafirmó que el caso por delito de ejercicio indebido del servicio público que enfrenta Rosario Robles seguirá siendo bajo custodia del Estado dentro de la prisión femenil de Santa Marta Acatitla.
Villar Ceballos basó su determinación en que la argumentación de la defensa fue la misma que presentó cuando la ex funcionaria fue vinculada a proceso y, las razones que lo sustentan, deben de realizarse en audiencia de juicio oral. Dicha audiencia quedó establecida con fecha del próximo 8 de diciembre del 2020 en punto de las 10:00 horas (tiempo del centro de México), esto porque la defensa de Robles manifestó necesitar tiempo para reunir pruebas.
Asimismo, la también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) refirió que desea comparecer presencialmente en la audiencia.
En torno a este caso, la ex militante del PRD y del PRI aseguró que es víctima de una persecución política, para argumentarlo, la ex funcionaria pública señaló que existe, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), opacidad en la forma en la que ha llevado el proceso.
“La prueba más contundente es la confesión del propio Fiscal General, de que prácticamente me tiene como rehén, ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad)”, señaló la presunta responsable de participar en un mecanismo de desvío de recursos.
También, a través de una carta, señaló que el sistema de justicia mexicano busca armar un caso más grande con los testimonios de ella y, en caso de que sean útiles para abrir investigaciones con otros funcionarios del sexenio de EPN, se le concederán beneficios.
“También sé que pretende que obtenga mi libertad (como en otros casos) señalando como responsables a ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir ahí sus baterías […] Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás”, decía la misiva.
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