En Estados Unidos se analiza si se anula o rebaja la sentencia del ex fiscal del estado de Nayarit, Edgar Veytia, alias “El Diablo”, quien supuestamente iba a pasar 20 años tras las rejas.
Un año después de que fuera condenado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, acusado de tres cargos por traficar drogas a Estados Unidos, la defensa del ex fiscal interpuso una petición para volver a revisar su proceso condenatorio. El próximo 23 de diciembre la defensa del juez tendrá que presentar suficientes evidencias para demostrar por qué la sentencia debe reducirse o anularse.
La acusación de la fiscalía se basó en los favores de Veytia al llamado Cártel H-2, encabezado por Juan Francisco Patrón Sánchez, a cambio de sobornos. Bajo la protección de Veytia, el Cartel H-2 distribuyó cientos de kilos de drogas a Estados Unidos.
Posiblemente el argumento con mayor peso en favor del "Diablo” fue su presunta colaboración con las autoridades estadounidenses en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
El ex fiscal Veytia fue arrestado en 2017, cuando era el principal oficial de la ley en Nayarit.
También se alega que utilizó su posición para obstruir las investigaciones y procesamientos de narcotraficantes en México, incluida la liberación ilegal de los acusados y el bloqueo de la detención de otros traficantes.
Su ayuda también implicó la liberación de prisión de miembros y asociados del Cartel H-2 acusados de tráfico de drogas y posesión de armas, entre otros delitos. Asimismo, según la revista Proceso, instruyó a agentes de las fuerzas del orden a atacar a narcotraficantes rivales en Nayarit.
En el estado –uno de los más pequeños de México–, durante el periodo 2011-2017, los policías encapuchados dirigidos por Veytia extorsionaron a cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas, terrenos y dinero, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La prensa en México publicó que el ex fiscal facilitaba que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) almacenara en Nayarit cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas que desembarcaban en Manzanillo, Colima, un puerto ubicado a 473 kilómetros de Tepic –un trayecto de 5 horas en automóvil–.
Algunos capos incluso eligieron para vivir localidades nayaritas como Tepic, Bucerías, San Blas, Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.
El 2013 fue uno de los años más difíciles para los nayaritas. Los expedientes penales abiertos llegaron a 7,726. Tepic era el escenario de la guerra entre el CJNG y los hermanos Beltrán Leyva, pues se disputaban el territorio. Siete años después, Veytia confesó que trabajó para el primero de esos grupos.
Durante su gestión hubo un homicidio que acaparó la atención de la entidad: el 15 de diciembre del 2013 apareció muerta de 32 puñaladas Aurora Ponce del Ángel, quien trabajaba para el Servicio Médico Forense, un área bajo la responsabilidad de Veytia.
Según la versión oficial, a ella la asesinó su propia hija, Venus María Valdés. Las pruebas en su contra fueron un cuchillo y un dictamen en el que constaba que primero la durmieron con 15 pastillas de Diazepam mezcladas con pollo. Sin embargo, las pruebas periciales posteriores indicaron que en el cuerpo de la víctima no hallaron rastros de ese medicamento, y sobre todo, el tipo de heridas eran incompatibles con el grosor y tamaño de la supuesta arma homicida.
Venus María Valdés llegó a decir en una de sus declaraciones ministeriales que a su madre la asesinaron porque ella tenía información sobre “muchas cosas” que Veytia había cometido.
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