Una organización líder de abogados dijo en una carta a la Secretaría de Hacienda de México que las duras tácticas del país para combatir la evasión fiscal son una amenaza para el Estado de derecho, en un capítulo más de la relación cada vez más fría entre el Gobierno y las empresas.
Peter Bartlett, vicepresidente de la división de práctica legal de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), dijo en una carta al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que la organización había recibido informes “muy perturbadores” de que se estaba advirtiendo a los contribuyentes que no consultaran a abogados en sus disputas fiscales. Además, los contribuyentes enfrentan amenazas de cargos de fraude criminal si no logran llegar a acuerdos con las autoridades fiscales, según la carta vista por Bloomberg News.
La carta añadió que ambos órganos gubernamentales tenían como objetivo a los bufetes de abogados y contadores que asisten a contribuyentes y expresó su preocupación de que autoridades hayan advertido a los ciudadanos que no recurran a sus abogados en procedimientos de conciliación, pero no dio detalles.
IBA, con sede en Londres, verificó la autenticidad de la carta. La Secretaría de Hacienda de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Procuraduría Fiscal tampoco tuvo comentarios.
Si bien la mayoría de los países han ofrecido exenciones fiscales debido al colapso que la pandemia de coronavirus generó en sus economías, México ha estado ajustando su presupuesto y presionando a las grandes empresas para que resuelvan las disputas fiscales. México ha recaudado más de USD 1,000 millones en ingresos de acuerdos fiscales este año y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá poderes aún mayores para presentar cargos por fraude fiscal en el futuro tras las reformas aprobadas a fines del año pasado.
“Apreciamos y reconocemos sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, la ley no puede aplicarse caprichosamente, mucho menos en tiempos de crisis”, escribió Bartlett en la carta del 27 de agosto.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha priorizado aumentar la recaudación de impuestos en el país, que tiene la menor recaudación entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La jefa del SAT y el procurador fiscal han enviado mensajes claros de que los evasores de impuestos, incluidas las principales empresas y sus asesores fiscales, podrían enfrentar la cárcel si se sospecha de fraude y han negado que este enfoque pueda ser negativo para atraer inversión.
La unidad mexicana de Wal-Mart Inc, y la embotelladora de Coca-Cola, Femsa, han pagado recientemente cientos de millones de dólares luego de resolver disputas tributarias.
“La existencia de algunas manzanas podridas que merecen persecución dista mucho de una posición en la que se presume que todos los contribuyentes y los asesores legales que los representan sean delincuentes”, dice la carta de la IBA, fechada el 27 de agosto.
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo a Bloomberg News en una entrevista la semana pasada que los acuerdos fiscales estaban ayudando al Gobierno a proyectar un ligero superávit primario este año. Tan solo este mes, BBVA Bancomer acordó pagar alrededor de USD 150 millones y Walmart de México SAB entregó USD 370 millones a principios de año.
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