Liconsa, la compañía paraestatal del gobierno mexicano dependiente de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, otorgó dos contratos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con vigencia de cinco años, que implican un pago por hasta 4,000 millones de pesos para procesar y vender leche, pese a no tener experiencia en el ramo.
Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a presuntos actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió con tan sólo cinco días de diferencia dos contratos.
Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV el 11 de noviembre de 2014 como una empresa de la construcción y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 –a los dos días del cambio de gobierno- cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
El 12 de diciembre de 2019, a un año de haber cambiado de giro, Liconsa firmó un convenio con Grupo Vicente Suárez 73 para que procese como mínimo 400,000 litros de leche al día en una planta que se construirá en Tabasco. Cinco días después, el 17 de diciembre, se firmó un segundo convenio con la misma empresa, con idénticas características de volumen, pero esta vez para una planta procesadora que se construirá en Zacatecas, arrojó la investigación desarrollada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Ambos convenios fueron firmados por Alejandro Armenta Peralta, quien desde 2012 ha sido abogado y apoderado legal de múltiples negocios de Puente Córdoba, según pudo constatar con documentos firmados por él.
Los convenios tienen vigencia de cinco años a partir de su firma, y en los mismos se establece que será hasta diciembre de 2021 cuando inicien operaciones las plantas procesadoras de leche del Grupo Vicente Suárez 73 en Tabasco y Zacatecas.
No obstante, en los convenios hay una cláusula que permite a la empresa vender a Liconsa leche procesada desde el momento de la firma (diciembre de 2019), vía la subcontratación con otras compañías ya establecidas que cuenten con la infraestructura necesaria.
La empresa llegó a un acuerdo con un productor ganadero del norte del país que realiza el proceso de secado en sus plantas, por lo que ya surte el lácteo a Liconsa.
En los documentos oficiales obtenidos por MCCI se menciona que Liconsa tiene un presupuesto de hasta 806 millones de pesos al año para los servicios de Grupo Vicente Suárez (403 millones por cada convenio), por lo que de diciembre de 2019 a diciembre de 2024 el desembolso superaría los 4,030 millones de pesos.
Además, entre abril y diciembre de 2019, Diconsa otorgó otros dos contratos a la misma empresa para la venta de fruta para su programa de abasto rural, por 485 millones de pesos.
De esa forma, los contratos acumulados por Grupo Vicente Suárez 73 tanto para surtir leche como fruta superan los 4, 500 millones de pesos.
En diciembre de 2019, con tan sólo cinco días de diferencia, Liconsa firmó dos convenios con Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV para procesar 800,000 litros de leche al día en dos plantas que se construyen en Tabasco y Zacatecas. Los convenios tienen vigencia de cinco años y representan un desembolso de fondos públicos de hasta 4,000 millones de pesos (806 millones al año).
¿Quién es Alejandro Puente?
Alejandro Puente Córdoba es un empresario del sector telecomunicaciones, a quien se le acusó de presuntos casos de corrupción durante el sexenio de Calderón.
En enero de 2012, mientras se desempeñaba como Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), Puente fue nombrado titular del Consejo de Participación Ciudadana de la extinta Procuraduría general de las República (PGR), y desde ese cargo hizo negocios en la propia dependencia, según documentó el periódico Reforma en distintos reportajes.
Por ejemplo, en septiembre de 2012 la PGR –en aquel momento encabezada por Marisela Morales- le pagó 126,000 dólares por 30 horas de vuelo de un avión de Grupo Aeronáutico AFA, del que Puente era dueño del 99% de las acciones.
Luego, en diciembre del mismo año, funcionarios de la Procuraduría, empresarios de la aviación y el director de la Canitec se pusieron de acuerdo, mediante mensajes de correo electrónico, para ajustar un contrato de renta de un helicóptero a la PGR que beneficiaría a la empresa de aviación de Puente.
La misma empresa de Puente estuvo involucrada en un presunto acto de corrupción de la Oficial Mayor de la PGR, Guillermina Muñoz Soto.
En 2012, Muñoz Soto compró en 8.7 millones de pesos una casa en Jardines del Pedregal, pero la PGR detectó que la ex Oficial Mayor sólo había pagado con su dinero 2.2 millones y los restantes fueron saldados por terceros, entres ellos 3 millones aportados por Grupo Aeronáutico AFA, de Puente Córdoba, de acuerdo con las investigaciones de Reforma.
Puente ha tenido otros puestos importantes, como consejero patrono del Consejo de Administración del diario El Universal; fue presidente del Consejo de Administración de EfektoTV (empresa de la que poseía un 75% de las acciones), además de ser miembro del patronato del Museo Nacional de Antropología.
Su candidatura
Alejandro Puente fue candidato plurinominal al Senado de la República por el Partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia). Proceso informó que la posición de Puente, como segundo en la lista plurinominal, representó el desplazamiento del diputado federal del Partido del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo.
En mayo de 2012, en pleno proceso electoral, Puente publicó un desplegado en distintos diarios en el que llamó a Carmen Aristegui “emisaria” del empresario Carlos Slim y “cabildera” de Telmex y Telcel. En la misma publicación le reprochó a la periodista haber sido ofensiva en una entrevista que le había realizado al entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en su noticiero de MVS Radio.
Aquel año, Puente buscaba llegar al Senado como parte de la llamada “telebancada”, y para ello logró que lo integraran a la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano, partido que en ese entonces postuló a la Presidencia a López Obrador.
El empresario también ha enfrentado señalamientos de conflicto de intereses. El sitio Arena Pública reveló que en mayo de 2014 un avión propiedad de la empresa aeronáutica de Puente había transportado hacia Acapulco a la entonces presidenta de la Comisión de Radio y TV del Senado, la perredista Alejandra Barrales. Eso ocurrió cuando estaba en plena discusión la reforma legislativa a las telecomunicaciones.
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