Mauricio Guízar Cárdenas, también conocido como El Amarillo o El Gordo, recibió una sentencia condenatoria por un juez federal de México por su responsabilidad de los delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina, así como la portación de armas de fuego y posesión de cartuchos; todos de uso exclusivo del Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea.
Se ejerció una acción penal, sin ser detenido, en contra de Guízar Cárdenas el 17 de septiembre de 2012 por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos mencionados anteriormente.
Dos días después de la determinación se libró la orden de aprehensión en su contra por los delitos consignados. Fue cumplimentada el 25 de septiembre de ese mismo año, por lo que quedó preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El Amarillo o El Gordo es el presunto líder del grupo criminal Los Zetas en las entidades federativas de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, y Campeche.
Al momento de su captura se le decomisaron, entre otras armas, una subametralladora con un cargador abastecido, un lanzacohetes de guerra antitanque, granadas, y la droga conocida como cristal. Guízar Cárdenas también es identificado como colaborador de Omar Treviño Morales, El Z-42, quien asumió el liderazgo de Los Zetas en 2013 tras la captura de su hermano, Miguel Ángel Treviño Morales.
Después de ser dictado el auto de formal prisión y de que el entonces imputado interpusiera el recurso de apelación, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en la ciudad de Toluca, dictó la sentencia de 33 años de prisión ante los elementos aportados por la Fiscalía General de la República (FGR).
El próximo martes se cumplirán 10 años del peor crimen de Los Zetas: la matanza de San Fernando. El 25 de agosto de 2010, Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años, llegó a un retén del ejército en la frontera entre México y Estados Unidos. El ecuatoriano informó a las autoridades que había sido secuestrado por una agrupación del crimen organizado junto con otros migrantes que cruzaban el territorio nacional para llegar a Estados Unidos.
Luis Freddy y un compañero escaparon, los demás fueron ejecutados. Eran 72 personas en el municipio de San Fernando. La masacre de San Fernando, o la masacre de los 72, es uno de los casos más icónicos del despliegue de la violencia ligada al narcotráfico en México.
Y, a diez años del suceso, también es un recordatorio de la impunidad que goza el crimen en el país y la negligencia del Estado en la procuración de los derechos humanos dentro del territorio. En 2013, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) envió a México al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
En su informe preliminar, el relator destacó que “según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 170 migrantes han sido asesinados en el país desde 2005, incluyendo la muerte masiva de 72 inmigrantes en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Al parecer, existe un vínculo directo entre las desapariciones y asesinatos de migrantes, el crimen organizado y la complicidad de la policía de investigación y otras autoridades.”
El elemento de colusión entre autoridades de justicia y crimen organizado es una de las excusas posibles para explicar la falta de resolución en la masacre, pero no es justificación para las múltiples irregularidades en la investigación del hecho.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), documentó algunos de los errores o negligencias que el gobierno mexicano cometió durante la investigación. Misma que, no sólo ha fallado en dar una explicación satisfactoria del hecho, también ha violentado el derecho a la verdad de las familias de las víctimas.
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