“Del gobierno de AMLO se puede esperar cualquier cosa”: el Puerto de Veracruz, ni ilegal ni privatizado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó a principios de esta semana que el Puerto de Veracruz no sólo había sido “privatizado” durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que, además, su antecesor en el cargo, Enrique Peña Nieto, había extendido la concesión hasta 2094.

Sin embargo, a pesar de que el puerto efectivamente está concesionado desde 1994, se trata de una empresa estatal, no privada, quien la administra. “Está totalmente equivocado el presidente, la empresa que opera el Puerto de Veracruz se encuentra regulada por la Ley Federal de Entidades Paraestatales”, aseguró a Infobae México Luis Miguel Rodríguez Alemán, abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo.

“Para ejemplificarlo mejor, se tiene que decir que la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., APIVER tiene la misma naturaleza jurídica que LICONSA, DICONSA, o una que el presidente debe conocer muy bien: ‘FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V’”, añadió.

El acta constitutiva de la empresa APIVER permite apreciar que es el propio gobierno federal quien ordenó su constitución, señalando que participará en el capital social mediante la suscripción del 99.8% de las acciones representativas al capital fijo, de acuerdo con el experto.

Y es que el lunes, el presidente López Obrador prometió acciones legales para revocar la “privatización” del Puerto de Veracruz por 100 años, cuya concesión fue otorgada por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y ampliada por el ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Hoy en la mañana hablé de cómo Salinas privatizó el Puerto de Veracruz por 50 años y, el 6 de julio de 2018, 4 días después de que triunfamos, Peña amplió la concesión hasta el 2094, es decir, por un siglo. Ni en el porfiriato. Actuaremos legalmente”, indicó en redes sociales el mandatario actual.

Sin embargo, ni la concesión original de Salinas de Gortari ni la ampliación aprobada en la administración de Peña Nieto fueron ilegales. Rodríguez Alemán apuntó hacia el artículo 23 de la Ley de Puertos, que indica claramente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “podrá otorgar las concesiones hasta por un plazo de cincuenta años, tomando en cuenta las características de los proyectos y los montos de inversión”.

Además, señala que “las concesiones podrán ser prorrogadas hasta por un plazo igual al señalado originalmente. Para tales efectos, el concesionario deberá presentar la solicitud correspondiente a más tardar un año antes de la conclusión de la concesión. La Secretaría fijará los requisitos que deberán cumplirse”, reza la ley.

De acuerdo con Rodríguez Alemán, este tipo de concesiones se otorgan por un periodo amplio porque brinda certeza jurídica a todos los factores económicos involucrados. “Por ejemplo, el Puerto de Veracruz en su operación diaria interactúa con diversas empresas, a quienes brinda servicios o le brindan servicios”, manifestó.

“Un inversionista al tener la certeza de que las reglas del juego no van a cambiar en un determinado tiempo, genera una confianza que le permite invertir en proyectos relacionados. Se puede decir que el manejo de la APIVER durante los años que ha operado generó la confianza suficiente en los capitales privados. Eso solo se logra con el tiempo”, ahondó.

Por ello, el abogado criticó a la administración. “Lamentablemente con este gobierno se puede uno esperar cualquier cosa”, dijo, en referencia al anuncio de López Obrador de que tomarán acciones legales. “Con esto quiero decir que ellos tienen la posibilidad de emprender cualquier acción legal que se les antoje y no necesariamente implica que sea una acción apegada a derecho”, añadió.

De acuerdo con Rodríguez Alemán, que el gobierno le encargue a sus propias empresas este tipo de concesiones es normal. “La propia Constitución le otorga al gobierno federal esta facultad. Se puede decir que en la gran mayoría de los casos lo que se persigue es la satisfacción del interés social”, añadió.

Esto, mediante figuras jurídicas que le permitan al Estado el aprovechamiento de bienes o servicios públicos con la ayuda de entes públicos o privados. “La concesión es un acto administrativo mixto, en el cual coexisten elementos contractuales y regulatorios”, detalló el experto.

Pero la polémica que ha provocado por sí solo López Obrador ha generado, de acuerdo con Rodríguez Alemán, la percepción de que en México no existe la seguridad jurídica. “Yo sigo sosteniendo que la herencia de este régimen que más nos debe preocupar es el daño irreparable que se ha provocado en la confianza de los inversionistas”, aseveró.

“Las leyes existen por una razón. Las leyes permiten que uno sepa a que atenerse, pero cuando desde el propio gobierno se ignoran, o se cancelan contratos en forma unilateral, o se revocan concesiones únicamente por el capricho del gobernante en turno, se destruye lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido como la ‘confianza legítima’”, explicó.

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