La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició la investigación de una red formada por médicos de instituciones de salud, provenientes de esa ciudad así como del Estado de México. Se trata de empleados de los servicios médicos forenses; doctores y enfermeros particulares y funerarias establecidas y clandestinas, pues son señalados como responsables de expedir certificados de defunción alterados deliberadamente.
Según la denuncia de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, los documentos fueron robados de sus oficinas y luego utilizados para certificar que las víctimas por supuesto COVID-19 fallecieron por enfermedades como insuficiencia respiratoria, neumonía atípica o neumonía viral y no por el nuevo coronavirus, lo que además de representar un “riesgo para la sociedad” representa una alteración a las cifras reales de personas contagiadas y de cuántas han perdido la vida durante esta pandemia.
Los avances en la investigación, señala El Universal, apuntan a que por lo menos mil certificados desaparecieron, de los cuales han ubicado poco más de 800 que se expidieron en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y en los municipios de Ecatepec, Nezahualcoyotl, Tlalnepantla, Texcoco y Chimalhuacán. También lee: Médicos particulares, los investigados por actas de defunción alteradas
También reportan que de acuerdo a la carpeta de investigación, CI-FICUH/CUH-8/UI-1S/D/ 00051/06-2020, de momento se tiene identificados a 10 médicos en la metrópoli que no acudieron a certificar el deceso de una posible víctima de coronavirus. De esa cifra, cinco ya fueron citados a declarar en torno a lo sucedido, pero no hay un solo detenido ni les han imputado algún delito las autoridades.
Fuentes cercanas a la indagatoria explicaron que en caso de encontrar culpables entre los médicos o los funcionarios, el castigo máximo que podrían recibir es la pérdida de su trabajo y posiblemente la inhabilitación para ocupar algún cargo público, pero queda descartada la prisión, pues el delito de presunta omisión que cometieron no es considerado grave.
En el caso de las funerarias clandestinas y de los médicos particulares, la sanción podría ser más grave, si se llega a comprobar que actuaron con dolo.
En tanto, en la capital del país se realizaron ya inspecciones sorpresivas a más de 10 de funerarias que operan al margen de la ley, pues se cree que ellas se tengan varios de los certificados alterados que no se han utilizado.
A principios de este junio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que a través de la Fiscalía General de Justicia, ya investigaban la participación de médicos particulares en una red delictiva, la cual habría falsificado alrededor de 500 actas de defunción durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
De igual manera, la alcaldesa capitalina detallaba que las pesquisas aroojaban que los doctores alteraron los documentos oficiales y establecieron que los decesos fueron a causa de neumonía viral, neumonía atípica o insuficiencia respiratoria, cuando la realidad era otra, añadiendo que al realizar esta actividad ilícita, los imputados obtuvieron importantes ganancias económicas.
Por otro lado, a mediados de mayo se reveló a través de un reportaje del portal Animal Político que “gestores” o “coyotes” ofrecen actas de defunción de la Secretaría de Salud capitalina por muertes con síntomas de COVID-19 bajo el rubro de que fueron por asma o neumonía atípica.
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