
La epidemia de violencia en México no parece tener freno. Esta semana se ha confirmado que el domingo fue el día más sangriento del 2020. Las 117 víctimas contabilizadas por homicidio doloso evidencian la urgencia de poner freno a una lacra que ido en aumento la última década, y que distintos gobiernos mexicanos no han logrado paliar: el crimen organizado.
Guanajuato, un estado tradicionalmente seguro, ha repetido nuevamente como el más violento; sin embargo, la estrategia de seguridad sigue sin afianzarse también en otras entidades como Baja California, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Jalisco. En esas zonas, no alberga espacio para la esperanza.

Un análisis de Lantia Consultores, citado por el periodista Héctor de Mauleón, señala que en los últimos tres meses — marcados por el confinamiento— se cometieron 6,079 ejecuciones en el país.
Son decenas de casos todos los días en la mayoría de estados, y aunque podría tomarse cualquier entidad, Guanajuato parece ahora mismo el candidato perfecto. Primero, por lo irreal de sus cifras — 1,006 asesinatos en tres meses— y segundo porque en plena emergencia pandemica el estado ha abatido su propia marca.
Sede de importantes empresas de la industria automotriz, potente en el plano agrícola, la región de Guanajuato vivía ajena a la violencia de estados como Guerrero o Michoacán, siempre inmersos en dinámicas violentas, emanadas de contextos pobres y geografías apetecibles para las organizaciones criminales.
Pero la tranquilidad mudó en guerra. La lucha entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación han convertido a la región en un cementerio.
Los de Santa Rosa de Lima toman el nombre de una localidad guanajuatense. De allí es supuestamente su líder, José Antonio Yépez, alias El Marro, quien tenía hasta hace tres años el monopolio del robo de combustible.
El Cártel Jalisco Nueva Generación ha extendido sus tentáculos en buena parte de la entidad. Para el gobierno mexicano el CJNG es el actor principal del tráfico de drogas .

Baja California es la segunda “zona caliente” del país y tiene a la ciudad con mayor número de ejecuciones, Tijuana, con 556 muertes violentas entre marzo y mayo de 2020.
Acostumbrada a vivir cerca de la catástrofe, la entidad fronteriza asume con naturalidad las noticias de homicidios. El 26 de mayo, ocho personas fueron asesinadas en Tijuana. Se encontraban en contenedores, en la vía pública, atadas con cuerdas o varios impactos de bala. Detrás de las cifras, claro, hay historias. Y muchas son terribles porque sus protagonistas carecen de humanidad.
En los años 2009 y 2010, el fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán envió a su gente a apoderarse de dicha ciudad, aprovechando los descalabros que el Cártel de Tijuana había sufrido a lo largo de la década.

Durante esos años, aparecía gente colgada de los puentes y cadáveres disueltos en ácido que Santiago Meza López, “El Pozolero”, operador del Cártel de Tijuana, cocinaba, según su propio testimonio.
Luego de una breve tranquilidad, el mapa del horror volvió a sitiar a Tijuana entre las regiones más sanguinarias de México. Esa posición coincidió con la aparición en 2015 del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya expansión brutal sucedió en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En poco tiempo, los emisarios de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, le hicieron frente al Chapo, pactando con lo que quedaba del Cártel de Tijuana o Arellano Félix. La nueva agrupación tomó posesión en la ciudad fronteriza y se extendió a los municipios de Tecate, Mexicalli y Ensenada. Desde entonces, los narcos del CJNG infestaron la frontera.

El tercer lugar en la lista es Michoacán. Ahí también la organización criminal del CJNG, a través de su jefe regional, Alejandro Carranza Ramírez, alias “Chito Cano”, sostiene una guerra con la Familia Michoacana, liderada por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, “El Pez” y su hermano, José Alfredo, “El Fresa”. En tres meses, la entidad registró 490 ejecuciones.
Figura también la mortífera región para las mujeres: Chihuahua. La entidad sigue estando entre las zonas con mayor número de homicidios producto de la lucha entre La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, y las pandillas de Los Aztecas y los Mexicles.
De acuerdo con el análisis, en los tres meses de pandemia se cometieron en Guerrero 354 ejecuciones, 313 en Estado de México y 306 en Jalisco.
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