México está a punto de alcanzar un nuevo hito en la epidemia homicida que vive desde hace más de una década. El país, con 127 millones de habitantes, registró en los primeros cinco días de junio 354 víctimas contabilizadas por el delito de homicidio. Entre esa cifra, hay 58 personas pertenecientes al estado de Guanajuato, una región industrial, tradicionalmente segura que se ha convertido en la más sangrienta del país.
También en Estado de México (49 asesinatos), Jalisco (26), Michoacán (23) y Chihuahua (21), vieron disparar los homicidios.
El número representa una ligera baja si se le compara con mayo, que registró 413 ejecuciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado hablar de las históricas cifras registradas en lo que va de su sexenio.
Los números obtenidos confirman la falta de norte en el combate contra el crimen organizado. La estrategia de seguridad sigue sin afianzarse mientras los encargados de liderarla han pedido a la ciudadanía más tiempo para disminuir la sangre.
Más que un problema transitorio, la violencia homicida representa el catálogo de males estructurales de México y las soluciones erradas de varios gobiernos. Un informe de seguridad del analista Ricardo Márquez Blas subraya una violencia generalizada que rompe con la lógica de dinámicas regionales y focalizadas.
Existen dos factores que continúan impactando profundamente en el aumento de la violencia en México. “Las instituciones de seguridad pública mexicanas, al menos durante la última década, existe una tendencia sigilosa pero clara hacia una retirada funcional frente a la criminalidad, particularmente frente al crimen organizado. Este retiro funcional representa un factor importante para explicar los niveles muy altos de violencia en México”, escribió Márquez Blas en su artículo Violencia criminal en México: entre los sigilosos y los no deseados.
Márquez Blas añade: “Este retiro no se ha expresado en documentos oficiales de la política pública sobre seguridad. No es una estrategia oficial, sino una realidad sigilosa de la forma en que la policía del país opera a diario”.
Esto quiere decir que la policía mexicana interviene cada vez menos en los crímenes ocurridos. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el periodo de 2010 a 2018, el número total de delitos que ocurrieron aumentó 42.8 por ciento, mientras que la participación policíaca solo lo hizo en un 9.5 por ciento.
Dicho fenómeno, explica el analista, tiene sus variantes en el tipo de delito y la corporación policial. Por ejemplo, las acciones policíacas vinculadas al crimen organizado se redujeron 76.8 por ciento en ocho años, y los delitos de jurisdicción común en un 32.1 por ciento. En las corporaciones de la policía estatal, las intervenciones han sido menores que en las municipales.
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