El plan de persecución penal que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó al Senado, destinará el 70 por ciento del tiempo de sus agentes del Ministerio Público en deshacerse del rezago en materia de investigaciones, órdenes de aprehensión, mandamientos ministeriales y dictámenes periciales rezagados.
Por otro lado, el objetivo será enfocarse en una decena de delitos que la Fiscalía consideró como los más graves y entre los que se encuentran: la corrupción contra el patrimonio nacional, contra el sistema electoral, los de corte ambiental, sobre narcotráfico, la libertad de las personas y los delitos cometidos contra los derechos humanos.
La Fiscalía explicó al Senado que el modelo que emplearía en la implementación del plan de persecución sería el símil al que se emplea en el sistema de salud conocido como ”triage”, que se caracteriza por dejar a los pacientes menos graves hasta el último, al tiempo que se atienden los casos de mayor prioridad.
Con base en lo anterior, la FGR se enfocaría sólo en los delitos que haya considerado como prioritarios en su plan, dentro de los cuales queda excluído el feminicidio, excusando que la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), perteneciente a administraciones pasadas, dejó inconclusas una larga lista de averiguaciones sin seguimiento o aplicación.
Es decir, son más de 300 mil investigaciones inconclusas y 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas las que forman parte de las cartas que la Fiscalía ha presentado como argumento que sostiene como prioridad a los 10 delitos tipificados como “los más graves”.
En cuanto al nuevo modelo de investigación criminal, a detalle la FGR propone que los esfuerzos se centren en: equipos de investigación y litigación, es decir, delitos complejos con detenidos; en la unidad de casos transversales, delitos complejos sin detenidos; de tramitación masiva con detenido y de atención temprana, denuncias sin detenido.
Fue tan sólo hace unos días que el titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero, propuso eliminar el delito de feminicidio del código penal, ello a manera de preocupación por la complejidad que existe en sancionar ese delito cuando en el Ministerio Público resulta difícil el acreditarlo, complicando inútilmente su judicialización.
Tanto la Comisión para la Igualdad de Género del Senado mexicano como el Observatorio Nacional del Feminicidio, señalaron que eliminar el tipo penal del feminicidio, para redefinirlo como agravante del homicidio dentro de la propuesta de crear un Código Penal Único, además de ser inadmisible, significa un enorme retroceso.
Conforme a la política de priorización, Gertz Manero argumentó que no implica el vulnerar la Constitución cuando se dividen los delitos en alta o baja complejidad, ya que para los primeros existirá la justicia alternativa.
En materia de investigación, el Fiscal encontró también que las capacidades de la FGR serían desfavorables conforme al número de sentencias absolutorias que encontraron, las cuales se traducen en un indicador desfavorable de su rendimiento y experiencia.
Por ende, el proyecto de la FGR explica que habría una redefinición de métodos sobre investigación criminal a fin de mejorar la procuración de la justicia y de hacerla más eficaz, pronta y expedita.
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