"Quédate en México”: el polémico programa que convirtió al país en asilo para migrantes cumplió un año

Hace un año, el gobierno de Estados Unidos inició con el programa denominado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) o “Quédate en México”, un programa que obliga a los migrantes a esperar en México sus trámites de asilo. La estrategia de control fue aprobada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la esperanza de mantenerlo como un programa piloto de alcance limitado. Sin embargo, tan sólo en 2019, el programa tuvo a 62,144 migrantes centroamericanos y de otros países latinoamericanos inscritos en el programa.

De ese total, 20,741 eran menores de edad, según un documento de la Secretaría de Gobernación (Segob) en poder de Proceso. Más de 46,000 eran ciudadanos centroamericanos; de los cuales 22,930 eran hondureños y 15,638 guatemaltecos. También hubo 7,787 personas cubanas, 3,647 ecuatorianas, 2,077 venezolanas y 1,526 nicaragüenses.

De acuerdo con el documento citado por Proceso, Estados Unidos envió a 2,994 menores de edad a Tijuana, la ciudad con mayor número de homicidios en México. Más de 14,000 infantes más fueron llevados a otras ciudades fronterizas, también conocidas por sus altos niveles de violencia y peligrosidad.

Ante esta realidad que, de acuerdo con diversas organizaciones no gubernamentales, vulnera los derechos humanos de los migrantes, decenas de activistas protestaron este miércoles frente a Palacio Nacional.

La Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJED) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) fueron dos de las organizaciones que participaron en el acto simbólico mediante el cual recordaron que miles de personas con necesidades de protección internacional “Están atrapadas entre la desesperanza y la violencia en la frontera norte de México”.

“Las personas migrantes y refugiadas están siendo avasallados, las personas son secuestradas en Tamaulipas todos los días, nadie está haciendo nada por ellos, tenemos que unirnos en la lucha”, dijo una de las manifestantes.

Para la Fundación Justicia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es responsable por las violaciones a derechos humanos que se dan en el marco de este programa. Y es que según la organización American Immigration Council, de 59,241 migrantes sujetos al programa y sometidos a juicio, sólo 2,765 contaban con un abogado.

La mayoría de estas personas viven en el limbo legal. La mayoría se encuentra sin estatus legal en México y tampoco tiene claridad sobre su futuro en Estados Unidos. A ello se suma la presencia del crimen organizado en las zonas fronterizas, que incremente su vulnerabilidad sin que ningún gobierno realmente garantice su seguridad.

A un año del programa se observa que las políticas migratorias de México han recrudecido. Al inicio de su gobierno, López Obrador mantuvo las vallas abiertas y era común oír sobre la regularización que las personas podían llevar estando en libertad. Sin embargo, hoy en día la dinámica es otra. Los migrantes son encerrados hasta que termina su proceso, y en la mayoría de los casos, son deportados.

Las malas condiciones en las que viven las personas al interior de las estaciones migratorias mantiene en alerta a las organizaciones pro migrantes. Y en un movimiento nunca antes visto, el propio gobierno ha suspendido los ingresos a estos centros. Al respecto, Amnistía Internacional (AI) denunció la semana pasada las dificultades que están enfrentando las ONGs en el sur del país para visitar a los migrantes.

A ello se suman las denuncias por abusos en contra de la Guardia Nacional, la cual contuvo la semana pasada a una caravana con gas pimienta y otras estrategias de disuasión. “Los abusos de la Guardia Nacional como estrategia de contención y disuasión del Estado mexicano han quedado registrados por organizaciones de la sociedad civil y periodistas. La evidencia sustenta lo que hemos afirmado: la Guardia Nacional no debe estar involucrada en acciones de control migratorio”, señaló AI.

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