La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ordenó la creación de una Oficial Especial para investigar las violaciones de garantías individuales cometidas durante la llamada “guerra sucia”, además de abrir de oficio un expediente de queja “que permita la clarificación de dicho periodo y los casos concretos a investigar”.
En un comunicado, el organismo precisó que “es necesario y un derecho humano conocer la verdad de lo ocurrido y acceder a la información completa de esos hechos, ya que la verdad en torno de las desapariciones forzadas es una obligación ética y una deuda histórica”.
La CNDH precisó que la Oficina Especial investigará todos los casos de desaparición forzada ocurridos entre los años 1969 y 1999, en los cuales estuvieron involucradas fuerzas de seguridad del Estado.
Señaló que el objetivo será indagar las desapariciones “para conocer, bajo la presunción de vida, el paradero y/o destino de las personas desaparecidas para restituirlas a sus familias, a sus comunidades y a la sociedad, así como determinar la existencia de violaciones a derechos humanos, conociendo siempre la verdad de lo sucedido”.
La Comisión detalló que se plantea un esquema basado en las investigaciones establecidas por otros mecanismos de justicia transicional, como la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada durante el gobierno del panista Vicente Fox, y la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la “guerra sucia” de los años 60 y 70 –Comverdad-, de Guerrero, creada en 2011 bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, así como de investigaciones académicas.
Indicó que la Oficina Especial sustentará su trabajo en cinco ejes:
-Búsqueda de archivos que no fueron parte de la apertura de información de sexenios pasados
-Reforzamiento documental y testimonial de casos investigados por la Femospp y Comverdad
-Entrevistas a ex funcionarios de todos los niveles que pudiesen proporcionar cualquier tipo de información, dando atención especial a ex miembros de los aparatos de seguridad del Estado
- Seguimiento: Analizar el alcance que han tenido los expedientes cuyos casos fueron trabajados tanto por la Femospp, la Comverdad y el Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH.
- Inspección de sitios de detención clandestina previamente identificados, así como la búsqueda de nuevos, y la documentación de otras graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas y ejecuciones arbitrarias
Asimismo, propondrá la reparación y dignificación de las víctimas y sus familiares, mediante el reconocimiento oficial por el Estado mexicano y sus fuerzas de seguridad de ser los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos, así como de generar condiciones que pusieron sus vidas en riesgo.
También recomendará reformas constitucionales, legales, educativas, de memoria y otras como garantías de no repetición, así como dar a conocer a la opinión pública los resultados de la Oficina Especial, difundiendo los mecanismos institucionales represivos involucrados, y las tramas represivas del Estado.
La CNDH aclaró que para cumplir con su objetivo, dicha Oficina Especial “no requerirá de gran presupuesto, ya que se integrará con personal comisionado de diversas áreas del organismo y sólo algunas plazas serán creadas ex profeso y se incorporará a ellas nuevo personal”.
El organismo enfatizó que la represión del activismo político, las detenciones arbitrarias, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas “ha sido una estrategia de terror aplicada por el Estado que constituye un crimen de lesa humanidad, por lo cual es tiempo de abrir paso a la verdad y justicia a las víctimas”.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado fue creada en 2002 bajo el gobierno del panista Vicente Fox Quesada, y fue encabezada por el jurista Ignacio Carrillo Prieto. Concluyó sus labores en 2007 sin haber conseguido una sola sentencia condenatoria por delitos cometidos durante las matanzas del 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 o la “guerra sucia”.
Su logro más importante fue conseguir orden de aprehensión y de auto de vinculación a proceso contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez a quien, sin embargo, no consiguió poner tras las rejas, pues obtuvo el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria.
En tanto, la Comisión de la Verdad se formó el 23 de diciembre de 2011 bajo el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en Guerrero. Sus integrantes fueron: María del Pilar Noriega García, Nicomedes Fuentes García, Arquímedes Morales Carranza, Enrique González Ruiz, y Carmen Herrera García.
El informe final se entregó el 15 de octubre de 2014 y acreditó que, a partir de 1971, en el estado, especialmente en las regiones Centro, Costa Grande y Costa Chica existió represión masiva y sistemática, que implica una suspensión de facto y de manera indefinida de las garantías constitucionales que protegen la integridad física, legalidad, de libertad personal, el libre desplazamiento o movilización, y las garantías en el proceso.
Recabó testimonios que relatan la realización de vuelos al mar para tirar los cuerpos de personas ejecutadas extrajudicialmente en la base militar de Pie de la Cuesta, Acapulco, con lo que se corroboró tanto el carácter masivo de la represión como su carácter sistemático. Sin embargo, no hubo personas sentenciadas por estas graves violaciones a los derechos humanos.
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