Irma Galindo Barrios, ambientalista indígena, fue reportada como desaparecida. A través de redes sociales, familiares y amigos denunciaron el hecho, asegurando que la última vez que se le vio fue el pasado 10 de noviembre, en el pueblo de Ndoyocoyo, en el estado de Oaxaca.
La activista, de 36 años, radicaba en Buena Vista Totoy. Las primeras versiones apuntan a que pudo haber ocurrido un incendio en su domicilio, pues almacenaba algunos rollos de cohetes con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe. La denuncia sostiene que el incendio pudo haber sido provocado y no accidental. Esto debido a que anteriormente ya había sido amenazada por parte de los taladores clandestinos de la región.
Galindo Barrios ya había denunciado con sus compañeros las presuntas agresiones por parte de este sector luego de que ella advirtiera sobre la tala clandestina de árboles en Oaxaca ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado.
El 27 de octubre, la activista había denunciado en redes sociales el hostigamiento constante y la persecución que padecía por parte del presidente municipal de San Esteban Atatlahuca, Heriberto Nicanor Alvarado Galindo, así como por parte del comisario, Crescenciano Sandoval Quiroz.
"Desde hace días mis propios vecinos me dijeron que vendrán por mí. Igual hoy me di cuenta de dónde sacan las verdaderas mentiras. Es la misma estrategia que usó el comisariado y el presidente para sacarme del cabildo (donde colaboró en tareas de salud) porque yo no estaba de acuerdo que invirtieran más en alcohol que en actividades culturales. Como sea no conozco el miedo. Como siempre digo a las pruebas me remito”, escribió en Facebook.
En noviembre de 2017, Barrios informó sobre presuntas amenazas recibidas por parte de las autoridades locales, tras la difusión de imágenes de la tala de árboles en la zona comunal de Yozo Tiza’a. Sus colegas, quienes denunciaron la desaparición, aseguraron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tuvo conocimiento de este hecho en 2018, pero no encontraron respuesta.
Ese mismo mes se presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en Tlaxiaco por actos intimidatorios cometidos por servidores públicos en su contra, pero tampoco apoyaron a la activista. Lo mismo ocurrió con la vicefiscalía regional en Tlaxiaco, donde a pesar de haberse registrado reuniones de conciliación con el comisariado no hubo seguimiento a las quejas de la activista.
Tras su desaparición, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que informe sobre su paradero y se ordene una búsqueda. Con el hashtag #AlertaDefensoras, la red exigió al funcionario que el gobierno estatal se movilice para localizarla con vida.
Galindo estaba trabajando en un proyecto de rescate y preservación de su cultura, incluyendo su lengua materna, el mixteco. Fue hace cinco años cuando volvió a su comunidad en San Esteban Atatlahuca, en la Mixteca, una de las zonas con más bosques de la región.
Ambientalistas asesinados
Una red de organizaciones defensoras del medio ambiente denunció el mes de agosto que la mayoría de los activistas ambientales asesinados en México son de origen indígena, con 11 de los 14 casos ocurridos en 2018.
“Estas agresiones (a indígenas) son casi el 80 % de los casos. En el caso de Oaxaca, Puebla y Michoacán el 100 % de los agredidos son indígenas”, sostuvo Gustavo Sánchez director de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).
Global Witness reveló que México fue el cuarto país más peligroso para los defensores de la Tierra en 2018 con 14 asesinatos y en el reporte del 2019 se encuentra en el sexto lugar con 14 homicidios de ambientalistas.
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