La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este sábado que perseguirá a los exfuncionarios que "incumplieron" su responsabilidad en la investigación por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014.
La dependencia señaló como antecedente a la petición de investigar a los funcionarios el fallo que emitió el 31 de mayo de 2018 un Tribunal Colegiado en el que ordenó reponer el procedimiento y aplica los protocolos de Estambul a los policías locales y a los procesados que denunciaron haber sido torturados para obtener sus confesiones
La FGR confirmó en un comunicado que "todos los recursos y las propuestas de diligencia" para responsabilizar a quienes "han incumplido con sus funciones", serán presentados por la Fiscalía de Ayotzinapa, una entidad autónoma a cargo de la investigación.
La opinión pública y los padres de los estudiantes desaparecidos han cuestionado la investigación desde el principio y la "verdad histórica" con la que la Procuraduría del gobierno de Enrique Peña Nieto decidió cerrar el caso.
Esta versión apuntaba que la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la normal Ayotzinapa fueron detenidos por policías del municipio de Iguala, estado de Guerrero, que supuestamente los entregaron al crimen organizado, que los habría asesinado e incinerado en un basurero para después tirar sus restos a un río.
Un juez de distrito del estado de Tamaulipas resolvió en mayo de 2018 que fuera creada una Comisión de la Verdad que se encargara de reponer el proceso de una forma independiente a la entonces Procuraduría General.
Recientemente uno de los acusados clave en el caso, que supuestamente dio la orden de entregar las víctimas al crimen organizado, fue liberado por un juez que desechó unas 80 pruebas en su contra supuestamente obtenidas bajo tortura o de manera irregular.
Durante toda la investigación se han presentado denuncias de los padres y de organismos por irregularidades e ilegalidades en el caso, algunas de las cuales han llegado a instancias de la Suprema Corte.
Al cambiar el Gobierno en diciembre pasado, con la llegada a la presidencia de México de Andrés Manuel López Obrador, fue creada la Comisión de la Verdad al mando de un subsecretario de Gobernación que ha mantenido constantes encuentros con los familiares de los estudiantes desaparecidos.
La FGR estableció una Fiscalía especial autónoma e independiente y en junio de 2019 nombró como responsable de la misma a Omar Gómez Trejo, un defensor de derechos humanos con experiencia en el caso y cuya designación tuvo el respaldo de los familiares de las víctimas.
El pasado miércoles López Obrador se comprometió con los padres de los 43 estudiantes a que el Ejército revele toda la información disponible del caso, una exigencia de los familiares
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Los padres y sus representantes informaron que, en la reunión que sostuvieron con el presidente le exigieron acelerar las investigaciones que realiza la Comisión de la Verdad (instalada en enero del presente año).
Reprocharon que instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) no caminen a la par de la Comisión de la Verdad, y que retrasen las indagatorias.
Además, demandaron la inmediata investigación y procesamiento penal contra los funcionarios que orquestaron la "Verdad Histórica". En concreto, pidieron que Tomás Zerón, así como demás ex funcionarios sean procesados y castigados.
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