"Nos preocupan las personas que actuamos de buena fe", señala el CCE sobre la Ley de Extinción de Dominio

El sector empresarial dio a conocer este miércoles su postura sobre la Ley de Extinción de Dominio y la conexión que tiene con la legislación en materia de defraudación fiscal. Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que les parece una medida correcta para combatir los delitos de delincuencia organizada, pero les preocupa la discrecionalidad que se está otorgando a las autoridades. 

Las reservas con la nueva ley giran en torno a los derechos que da a las autoridades para declarar la extinción de dominio de bienes cuyos dueños podrían no estar involucrados con la delincuencia organizada pero que fueron ocupados para este ilícito, así lo expresaron en una conferencia de prensa en el Club de Banqueros Mexicano.

La Ley de Extinción de Dominio fue aprobada en julio pasado y entró en vigor el 10 de agosto. Le permite al gobierno decomisar bienes, cuentas y activos relacionados con actos ilegales como el robo de hidrocarburos, trata de personas, secuestro, crimen organizado, corrupción por parte de servidores públicos y narcotráfico, aún cuando los imputados estén bajo proceso penal. 

"La ley nos parece correcta", dijo Salazar Lomelí. El sector empresarial está  "completamente de acuerdo en que se trate de combatir la delincuencia organizada", sin embargo les preocupa que los contribuyentes y las personas que actúan en la vida económica diaria del país, sin estar involucrados en los crímenes, puedan perder sus bienes. 

"Hemos hablado con los senadores de los diferentes partidos políticos, con los diferentes cuerpos legislativos y les planteamos cuáles son nuestras inquietudes al respecto", pero aunque han sido escuchados insisten en expresar su punto de vista para ver si los derechos de las autoridades se acotan en las leyes secundarias. 

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Y no son los únicos. Los partidos políticos tampoco están del todo convencidos con la nueva ley. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó el 9 de agosto, un día antes de que entrara en vigor, una iniciativa de reforma al Artículo 22 constitucional para evitar abusos contra personas inocentes y pretendan quitarles sus bienes. 

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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) también busca proteger a las personas que pudieran resultar afectadas por la extinción de dominio cuando no son culpables. Se espera que Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) fijen una postura similar en los próximos días, de acuerdo con Salazar Lomelí. 

El presidente del CCE dijo que todas esas reservas están asociadas con la discrecionalidad de las autoridades cuando aplican los fundamentos de esta nueva ley y esto lleve a las personas a perder sus propiedades por haber sido utilizada para la delincuencia organizada. 

"Nos preocupan las personas que actuamos de buena fe. Nos preocupan los banqueros que puedan tener estas propiedades hipotecadas fruto de un crédito que el banco le haya dado al acusado y sean decomisadas antes de probar su culpabilidad", añadió.

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Otra cuestión que le preocupa al sector empresarial es la conexión entre la nueva ley con la de delitos fiscales. Aunque aclaró están de acuerdo que las defraudadores fiscales enfrenten cargos, les parece excesivo el manejo de los castigos y los procedimientos  pues están equiparando la defraudación fiscal con la delincuencia organizada.

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"Hay que combatir a quien vende o produce facturas falsas, eso debe ser erradicado del país", pero los contribuyentes que sin darse cuenta usan ese tipo de facturas y eso los lleve a perder sus propiedades, debido a la conexión que hay entre las dos leyes. 

"Nosotros les pedimos a los legisladores desde esta conferencia que escuchen nuestras preocupaciones", pues no quieren que esta ley provoque temor, desconfianza e incertidumbre en las personas sobre su actuar diario en sus actividades económicas e insisten en que deben ser escuchados.