La tragedia olvidada de Allende: un fin de semana que dejó desaparecidos, muertos y destrucción a manos de los Zetas

La tarde del 18 de marzo de 2011 la comunidad de Allende, en Coahuila, vivió una masacre que no se olvida y por la cual, este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa pública.

Eran las 19:00 horas cuando un grupo de al menos 60 sicarios del Cártel de los Zetas derribó con una camioneta el portón principal del rancho de Los Garza, quienes formaban parte de la organización y habían sido tachados de traidores.

Los hermanos Miguel Ángel Treviño (el Z40) y Omar Treviño Morales (Z42), quienes fungían como líderes del cártel, sospechaban que tres integrantes de la organización los estaban traicionando, colaborando con las autoridades de Estados Unidos y percibiendo ganancias de la venta de drogas por USD 10,000,000.

Los sospechosos eran Alfonso "Poncho" Cuéllar y sus sicarios Héctor "El Negro" Moreno y Luis "La Güiche" Garza. Éste último era residente en el poblado de Allende y fue con él contra quien decidieron cobrar venganza.

Los Zetas ocuparon el poblado ese fin de semana. Su paso por Allende dejó como resultado (oficialmente) 26 personas desaparecidas; 20 de ellas familiares y allegados de Garza, tres más amigos de Cuéllar y dos trabajadores de Héctor.

Ese fin de semana que tuvieron el pueblo tomado, destruyeron 32 casas y dos ranchos, y en toda la masacre, no apareció ni un solo de los 20 agentes de la policía municipal que estaban de turno.

Una investigación independiente realizada por el Colegio de México en convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, documentó las atrocidades cometidas por el Cártel de los Zetas, entre las que figuran las desapariciones en Allende.

La investigación demostró que las autoridades de la localidad fueron instruidas para "no salir a patrullar ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran". En participación directa con los criminales, los agentes tenían además instrucciones directas de "levantar a cualquiera de apellido Garza" para entregarlo a Los Zetas.

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Los sicarios llegaron disparando contra cualquiera y deteniendo a todo el que se les pusiera enfrente. Capturaron a mujeres y niños por igual; a algunos los metieron en una patrulla de policía para trasladaros a los ranchos donde iban reuniendo a sus víctimas. Finalmente, cuando el domingo llegó, esperaron a que cayera la noche y los ejecutaron a todos.

La investigación expone que para deshacerse de los cadáveres quemaron el rancho de Los Garza, donde anteriormente habían apilado los cuerpos en una bodega. El resultado fue que las víctimas fueron incineradas.

En otros casos usaron tambos de metal. "Después de cinco o seis horas de cocinar los cuerpos quedaba pura mantequilla", explicó el estudio.

En un fin de semana desaparecieron 300 personas, o al menos esa es la historia del dominio público. La masacre fue tan brutal que ni siquiera hay claridad sobre el número de víctimas.

Documentos oficiales del gobierno federal sólo registran a 42 desaparecidos entre enero de 2011 y agosto de 2012. El expediente de la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) se centra en la desaparición de 26 personas ocurrida entre las 19:00 horas del viernes 18 de marzo y las 20 horas del domingo 20 de marzo.

Las cifras oficiales se contraponen con una declaración hecha por Héctor Moreno Villanueva en 2013, cuando testificó en un juzgado estadounidense contra de los líderes del cártel. Fue él quien declaró que el número de víctimas ascendía a 300 personas.

A pesar de la atrocidad de los acontecimientos, la venganza del cártel contra los Garza no quedó allí pues un año más tarde, en complicidad con las autoridades, desaparecieron a una pareja y a sus dos hijos, un niño de 6 años y un bebé de escasos meses.

A la tragedia ocurrida ese 18 de marzo de 2011 sobrevivieron dos menores, una niña de 5 años y un niño de 3. Ambos fueron entregados a una casa hogar de Piedras Negras para posteriormente pasar al cuidado de unos parientes.

Han pasado ocho años desde la tragedia, pero la población de Coahuila y México aún no lo olvida. Las dudas sobre la actuación de las autoridades en el caso sigue vigente. Es por ello que está tarde la secretaría de Gobernación, Olga Sanchéz Cordero, en compañía del mandatario y del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ofreció una disculpa pública a las víctimas del caso.