El último "desaire" que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), puso en duda su capacidad para enfrentar los escenarios que le son "difíciles".
Recientemente, el Ombudsman nacional (defensor del pueblo), Luis Raúl González Pérez, reprochó que por primera vez en 29 años de la CNDH, el mandatario de México no haya recibido personalmente el informe anual del organismo.
En un hecho inaudito, el comisionado tuvo que entregar el informe a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de que presidencia rechazara las solicitudes realizadas desde principios de año para coordinar un evento público como en años anteriores.
El Informe de Actividades 2018, de la CNDH, recuerda que ese año fue crítico para los derechos humanos, pero también advirtió retos para este 2019.
De acuerdo con el análisis, en 2018 prevalecieron la desaparición de personas, la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y el abuso de los migrantes, las fosas clandestinas, la violencia de género, la trata de personas, los ataques y homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Sin embargo, en lo que va del 2019, el documento no señala un panorama favorable en ninguno de esos rubros: siguieron los homicidios, la diversificación del crimen organizado, la violencia feminicida, las muertes a periodistas, los casos de linchamiento, las agresiones y asesinatos contra policías y miembros de las fuerzas armadas.
La CNDH sugiere que esta situación no se podrá revertir sin una "estrategia real" que priorice en la prevención y no se límite a la creación de un cuerpo reactivo como la Guardia Nacional.
También, hace énfasis en la crisis del sector salud por falta de recursos presupuestales, materiales y de personal:"no se puede implicar que se suspenda o se ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a tratamientos y medicinas a los que tengan derecho".
La Comisión advierte que debilitar las estructuras burocráticas puede ocasionar graves vulneraciones al patrimonio, la integridad, la salud y la vida de las personas.
Es decir, a medida que se debilitan las instituciones, se abre una puerta para que la vigencia de las normas se diluya. "El ejercicio de derechos no se llevará a cabo debilitando la institucionalidad democrática o haciendo inoperante el sistema de contrapesos entre autoridades y poderes".
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