La 4T impulsa un "adefesio jurídico" que fomenta el derecho a invadir, advierte ex procurador

La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías en la Ciudad de México ha sido criticada por el ex procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, quien explicó que ante esta nueva norma puesta en marcha por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, "el estado de derecho continuará  debilitándose, ahora con el apoyo de las autoridades y de legislaciones como la mencionada Ley".

El decreto que expidió la nueva ley, permite que ante una invasión en una propiedad privada o ante el impago, no se ejecute el desalojo y que cualquier consecuencia corra a cargo del propietario. Así lo explica el artículo 60, el cual señala lo siguiente:

Según se estipula en el apartado, las autoridades además deberán garantizar el adecuado realojamiento de las personas desalojadas cuando se determine que no tienen los recursos suficientes para encontrar un sitio donde vivir. Además los propietarios de los inmuebles estarán obligados a pagar el impuesto predial, el servicio de agua y el de energía eléctrica, aunque el ocupante, invasor o arrendatario no lo pague.

Lo anterior fomenta la cultura del impago, señaló el ex procurador en un artículo de opinión publicado por El Universal. De acuerdo con él, esta nueva ley es un "adefesio jurídico, gestado en el vientre legislativo de la cuarta transformación", que además protege a unos ciudadanos en detrimento del bienestar de otros.

"Un gobierno que dice promover los derechos humanos destruye otros igualmente fundamentales como el derecho a la propiedad para entronizar privilegios de un grupo", escribió Morales Lechuga.

La entrada en vigor de esta ley otorga permiso a "ocupar, invadir o no pagar renta (…) en favor de quien se declare incapaz o inconforme con pagar renta y tenga que enfrentar un desalojo judicial", ahondó el ex procurador.

Lo preocupante de la situación es que desde el propio gobierno se esté abriendo la puerta para agredir a los pequeños propietarios; aquellos que invierten sus recursos para mejorar su vida económica y que a partir de ahora no tendrán ningún respaldo ante la ley en caso de que alguien decida quedarse en su inmueble sin respetar el contrato estipulado.

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"Que un propietario afectado por esta nueva ley no pueda gozar del derecho de rescatar su propiedad, es un paso hacia el aplastamiento de derechos fundamentales", recalcó Lechuga, quien catalogó la nueva ley como inconstitucional por no respetar el artículo 102.

Durante el gobierno de López Obrador el sector inmobiliario se ha visto debilitado. Desde agosto del año pasado, se han clausurado más de cien obras privadas, ocasionando el despido de más de 100.000 empleados. La venta de materias primas como el cemento ha caído un 35%, además de generar millonarias pérdidas a las 34 industrias que dependen de la construcción. 

La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México entró en vigor en febrero. Está compuesta por 133 artículos, entre los que se contempla el derecho de reinserción social y a la no discriminación hacia las personas migrantes. También se busca garantizar la paridad de género y su inclusión en los colectivos de la ciudad.