"Me da gusto verlos", dijo José Manuel Mireles a los medios de comunicación a la salida del penal federal de Tepic sobre las 07:00 hora local (12.00 GMT), en el occidental estado de Nayarit.
"Gracias por el apoyo moral que nos brindaron en estos tres años, y siempre siguieron al pendiente de nuestra situación de salud", señaló Mireles, quien dijo que tiene muchos "temas pendientes" y aseguró que "la lucha debe continuar".
En entrevista con Radio Fórmula, el líder de las autodefensas de Michoacán explicó que durante su estancia en prisión padeció "dos infartos" y tiene problemas de diabetes y en la columna vertebral. "No puedo darme el lujo de mantener coraje (rencor) debido a mi situación de salud", apuntó.
Un juez determinó que Mireles afronte en libertad el proceso penal en su contra por llevar armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entre las condiciones para quedar libre, no podrá tener relación con las personas que formaron parte de los grupos de autodefensas ni aquellas relacionadas con su caso.
El juez concedió el beneficio a Mireles con el argumento de que cuando fue detenido en junio del 2014, en posesión de rifles de asalto, "realizaba funciones de autodefensa".
Mireles, un médico que alcanzó notoriedad tras convertirse en el vocero de las autodefensas, deberá pagar una fianza de 30.000 pesos (unos USD 1.590) en efectivo, así como presentarse al juzgado cada mes.
El ex dirigente fue detenido el 27 de junio de 2014 en el municipio de Lázaro Cárdenas (Michoacán) con otros 82 miembros de las autodefensas -civiles que se levantaron en armas para combatir el cártel de Los Caballeros Templarios- cuando pretendía organizar a los pobladores de una comunidad para enfrentarse a los narcos.
En mayo de 2014 el Gobierno inició la legalización de los grupos de civiles que tomaron las armas en 2013 para enfrentarse a Los Caballeros Templarios con su incorporación a la Fuerza Rural, pero Mireles se negó a entrar a dicha corporación y siguió actuando en varios municipios del estado.
El 9 de mayo pasado, Ignacio Mendoza Jiménez, abogado de Mireles, denunció al juez Arreola ante la fiscalía general al considerar que estaba retrasando su resolución al amparo interpuesto para enfrentar el proceso en libertad.
El avance de las autodefensas y la persistente violencia de Los Caballeros Templarios motivaron al Gobierno federal a intervenir en ese estado del oeste de México en enero de 2014 para restablecer la seguridad.
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