Islandia prohíbe el uso de drones recreativos en sus paisajes más icónicos

La Agencia de Conservación de la Naturaleza de Islandia (Náttúruverndarstofnun) introdujo una prohibición sistemática del uso no comercial de drones en 26 áreas naturales protegidas, según informaron medios digitales como Okdiario y Guide to Iceland.

El nuevo criterio, que niega permisos para actividades recreativas y educativas, excluye exclusivamente a las producciones comerciales de cine, televisión y publicidad, lo que ha generado una reacción inmediata de profesionales del sector turístico y de la fotografía. Estos colectivos consideran que la medida afecta su derecho a trabajar y limita la creatividad en la captura de paisajes islandeses.

El debate escaló a instancias superiores después de que los afectados presentaran una apelación formal ante el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Clima. El titular de la cartera, Gudlaugur Thór Thórdarson, evalúa actualmente si la agencia se extralimitó en sus competencias o si la restricción se mantendrá de forma permanente bajo el artículo 26 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Según detalló el medio, la resolución podría sentar un precedente para la gestión de zonas protegidas en toda Europa.

Motivos detrás del veto: fauna, tranquilidad y saturación

La Agencia de Conservación de la Naturaleza de Islandia justificó el endurecimiento de las reglas con tres argumentos principales. El primero apunta a la protección de la fauna local. En enclaves como los acantilados de Látrabjarg o Dyrhólaey, grandes colonias de aves —incluidos los emblemáticos frailecillos— nidifican durante la temporada de reproducción.

La agencia sostiene que los drones, al ser percibidos como predadores, provocan estrés en las aves, lo que lleva al abandono de nidos, huevos y crías. Además, en lagunas glaciares como Jökulsárlón, el ruido de los aparatos desplaza a las focas de sus áreas habituales de descanso.

El segundo argumento se centra en la llamada “experiencia de tranquilidad”. El constante zumbido de decenas de drones en puntos icónicos como Gullfoss o Skógafoss altera la atmósfera silenciosa que buscan los visitantes. Según el artículo publicado, turistas expresaron incomodidad ante la presencia de cámaras aéreas y preocupación por la seguridad si un aparato pierde el control sobre zonas concurridas.

El tercer motivo es la saturación administrativa. El informe resulta imposible evaluar individualmente las miles de solicitudes de permiso que recibe cada temporada. Por ello, optó por denegar en bloque las autorizaciones recreativas y educativas en los lugares más visitados.

En contraste, las producciones comerciales mantienen su acceso gracias a la exigencia de pilotos certificados, planes de vuelo detallados y seguros de alta cobertura, además de abonar tasas administrativas que financian el control de la actividad.

Áreas protegidas bajo la nueva normativa

La lista de zonas afectadas incluye 26 áreas protegidas, divididas entre prohibición permanente y cierres estacionales relacionados con la época de cría. El veto total rige sobre enclaves de alta afluencia como la cascada de Gullfoss, el área geotermal de Geysir, Skógafoss, la Cascada de los Dioses (Goðafoss), el arco de roca de Dyrhólaey, los acantilados de Látrabjarg y toda la región del lago Mývatn y el río Laxá.

Otras zonas con restricción permanente abarcan las cascadas de Háifoss, Granni y Hjálparfoss, la Reserva Natural de Fjallabak, el valle de Gjáin, la zona de lagunas de Stórurð y la costa de Arnarstapi y Hellnar. En cuanto a las prohibiciones estacionales, que suelen extenderse del 1 de mayo al 15 de septiembre, figuran la Reserva Natural de Hornstrandir, el Parque Nacional Snæfellsjökull, el humedal de Þjórsárver, la cascada de Dynjandi, el campo de lava de Dimmuborgir y varias islas de anidación como Flatey, Lundey y Akurey, además de la playa de Grótta en Reikiavik. Los parques nacionales de Vatnajökull y Þingvellir mantienen sus propios reglamentos, con vuelos recreativos permitidos bajo condiciones específicas.

Riesgos ambientales y de seguridad asociados al uso de drones

Las autoridades resaltaron que el problema no solo radica en la alteración ambiental. El riesgo de accidentes físicos y ecológicos es elevado. Las baterías de litio de los drones pueden experimentar fenómenos de embalamiento térmico al estrellarse contra rocas o fallar, generando temperaturas de hasta 1.000 grados Celsius y liberando gases tóxicos. Esta situación supone un peligro particular para el musgo islandés, cuya regeneración requiere décadas tras un incendio.

El abandono de drones en lugares inaccesibles, como el cañón de Fjaðrárgljúfur o el interior de Gullfoss, convierte estos aparatos en residuos tecnológicos que van liberando metales pesados en los acuíferos. Además, la posibilidad de accidentes físicos no es menor: las hélices de los drones giran a alta velocidad y pueden causar cortes o traumatismos si un piloto inexperto pierde el control, sobre todo en zonas de acantilado como Látrabjarg o Dyrhólaey.

Las colisiones con la fauna representan otro peligro. Las aves suelen atacar los drones al confundirlos con depredadores, lo que puede mutilarlas o provocar estampidas en colonias enteras. Por último, la presencia de drones civiles interfiere en los operativos de rescate: si un helicóptero debe ingresar a una zona protegida y detecta drones en vuelo, la operación se suspende por riesgo de colisión.

El reclamo de los fotógrafos y las vías de diálogo

Los profesionales afectados argumentan que la medida restringe su derecho a trabajar, en particular a quienes organizan talleres de fotografía o crean contenido digital. Reclaman la falta de estudios científicos que demuestren que el uso recreativo de drones resulta más perjudicial que una gran producción cinematográfica. Proponen sustituir el veto total por un sistema de regulación por horarios y zonas, similar al que ya se aplica en Vatnajökull.

La Agencia de Conservación de la Naturaleza de Islandia reconoció y actualizó sus canales informativos para aclarar que los fotógrafos pueden seguir solicitando permisos en ciertas áreas si cumplen los criterios exigidos. El resultado de la apelación presentada por los profesionales determinará si la restricción se mantendrá o si se abre la puerta a un sistema regulado en el futuro.