La pelea de Ron DeSantis, gobernador de la Florida, con la empresa que es la principal empleadora de su estado, Disney World (dueña en el estado sureño de los famosos parques de diversiones), entra en un nuevo capítulo con el comienzo de la ejecución del prometido plan de ponerle fin al autogobierno de los parques.
Hasta ahora, y por un acuerdo con el estado que data de varias décadas, toda la región del centro de la Florida, cercano a la ciudad de Orlando, en la que se encuentran los parques de diversiones de Disney, contaba con un estatus legal especial que les permitía tener sus propias reglas, su propia policía y hasta un sistema judicial para delitos menores. Esos días parecen estar muy prontos a su fin desde que DeSantis apuntó contra la empresa Disney (a la que acusa de imponer una agenda liberal en menores) lo criticara ampliamente por la llamada ley “No Digas Gay” apoyada por el republicano (que elimina la educación sexual y de género en las escuelas de Florida para menores de 8 años).
El año pasado DeSantis anunció con bombos y platillos que pondría fin al autogobierno de Disney. Este lunes, dió más detalles de cómo piensa hacerlo bajo el nuevo proyecto de ley denominado Reedy Creek.
DeSantis anunció que piensan crear un nuevo distrito, Reedy Creek, sobre el que habrá una junta reguladora de cinco personas que lo represente ante el estado. El tema es que los miembros de esa junta solo pueden ser nombrados por el gobernador y ratificados por el Senado estatal. Además, nadie que haya trabajado para Disney en los últimos tres años puede ser miembro, quitándole a la empresa poder sobre este grupo.
Si bien no hay detalles aún, se espera que haya cambios con respecto a lo impositivo concerniente a esta región.
Algunos temen que un enfrentamiento con Disney aún más fuerte pueda crear problemas para Florida. Si, en un caso extremo, la empresa decidiera irse, generaría un hueco económico para el centro del estado. Otros, creen que irse es inviable, porque trasladar lo que tienen es demasiado costoso.
La ley propuesta por DeSantis debe ser aprobada por el Congreso estatal, que comienza a sesionar en marzo. Se espera que no haya resistencia al proyecto ya que ambas cámaras son de amplia mayoría republicana, alineados con el gobernador.
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