Luego de que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos anunciara en la mañana del lunes sanciones a Luis Eduardo Parra Rivero y otros seis diputados que intentaron tomar por la fuerza la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero, el Departamento de Estado publicó un comunicado con declaraciones del Secretario, Mike Pompeo, en el que proveyó nuevos fundamentos respecto de la decisión.
El documento aseguró que la medida “demuestra el continuado compromiso con los esfuerzos del pueblo venezolano para recuperar la democracia”. Además, calificó a los hechos como “intentos ilegales del régimen de (Nicolás) Maduro por sofocar la democracia” y aseguró que “revelan su desesperación”.
E hizo un llamado a las fuerzas armadas: “Las llamamos a proteger la Constitución venezolana, permitir la entrada de todos los diputados al Palacio Federal Legislativo, y evitar el uso de la violencia, incluyendo en contra de sus representantes electos de manera democrática. En última instancia, las fuerzas de seguridad venezolana le deben su lealtad al pueblo venezolano, no a Maduro. Los llamamos a reconocerlo como fuente de autoridad legítima”, expresa.
Para concluir, la declaración reitera su decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente interino de Venezuela. “Llamamos a todas las naciones a sumarse a nosotros y apoyar al presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional mientras trabajan pacíficamente para restaurar la democracia en nombre del pueblo venezolano”.
Pocos minutos después, Pompeo realizó una publicación alusiva en su cuenta de Twitter, en la que aseguró que “quienes busquen sofocar las aspiraciones democráticas en Venezuela deberán rendir cuentas”, y reiteró el llamado a las fuerzas armadas.
La Secretaría del Tesoro, liderada por Steven Mnuchin, describió el alcance de las sanciones durante su propio anuncio. Basado en la orden ejecutiva 13.692, se divide en tres aristas: el bloqueo de los diputados al acceso y potencial transacción de propiedades que “estén en los Estados Unidos o entren en posesión o control de algún nacional del país”; la imposibilidad de viajar a los Estados Unidos; y la recepción de donaciones que les pudieran reportar algún tipo de beneficio.
“El Tesoro ha designado a siete funcionarios corruptos de la Asamblea Nacional que, a instancias de Maduro, intentaron bloquear el proceso democrático en Venezuela”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin al hacer el anuncio. “A estos y otros funcionarios designados se les puede eliminar las sanciones si se ponen del lado del pueblo de Venezuela y de Juan Guaidó como su líder legítimo”, agregó el funcionario de Donald Trump.
Además de Parra, los otros legisladores son: José Gregorio Noriega Figueroa; Franklyn Leonardo Duarte; José Dionisio Brito Rodriguez; Conrado Antonio Pérez Linares; Adolfo Ramón Superlano y Negal Manuel Morales Llovera.
Todos ellos formaron parte de la sesión irregular en la que Parra se autoproclamó líder de la Asamblea Nacional. Ese día, las fuerzas chavistas evitaron que 100 diputados opositores ingresaran al recinto para llevar a cabo la votación. No obstante, la mayoría confluyó horas después en la sede del medio El Nacional y eligió a Guaidó para liderar el cuerpo legislativo durante un nuevo período.
Fueron tales las irregularidades que Parra admitió días atrás que no sabía quiénes habían votado por él para reemplazar a Guaidó. “Nosotros revisamos después la votación exacta, los números exactos, porque le solicitamos a la Secretaría, con 81 votos exactamente fue nuestra fórmula ganadora”, aseveró. Sin embargo, al ser replicado por los periodistas y preguntado por quiénes emitieron esos 81 votos, reconoció: “Nosotros la lista (de votos) se la estamos solicitando (a la Secretaría)”.
Quién es Parra
El pasado mes de diciembre Parra, por entonces diputado por el partido opositor Primero Justicia (PJ), junto a otros seis parlamentarios, fue señalado de haber estado involucrado en una trama de corrupción en el marco del programa de las cajas alimentarias CLAP.
Además de Parra, cuatro de los otros seis diputados (Noriega Figueroa, Brito Rodríguez, Superlano y Pérez Linares, además de dos suplentes (Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña), fueron acusados tras un informe del portal Armando.Info.
De acuerdo a las acusaciones, los parlamentarios utilizaron su rol en la Comisión de Contraloría para favorecer a Alex Saab, el colombiano señalado por EEUU como testaferro de Nicolás Maduro, y su red empresarial detrás del programa CLAP, que distribuye comida subsidiada en Venezuela. En base a la evidencia provista, Parra fue expulsado de su partido.
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