
En diciembre de 1987, un grupo de adolescentes irrumpió en un Burger King de Nueva York. Allí, robaron y agredieron sexualmente a una mujer de 18 años que trabajaba en el restaurante de comida rápida.
El Departamento de Policía de la ciudad de los rascacielos detuvo a cuatro jóvenes por el crimen. Uno de los sospechosos era Mark Denny, un hombre afroamericano que entonces sólo tenía 17 años, y que siempre defendió su inocencia.
Aunque el procesado acusó a los investigadores de "incriminarle", "no comprobar su coartada" y "falsificar pruebas", de poco le sirvió. En 1989, fue condenado por un jurado popular a 57 años en prisión por robo, violación, sodomía y coerción.
Durante su tiempo en la cárcel, sufrió "daños severos y continuos", como "dolor y sufrimiento físico y emocional, enfermedad física, pérdida de relaciones familiares, pérdida de ingresos y daños a su reputación".

El Proyecto Inocencia conoció su caso, y lo llevó ante la Unidad de Revisión de Condenas del Fiscal de Distrito del Condado de King. Tras una investigación, la unidad determinó que el recluso no pudo estar en el Burger King la noche en la que se produjo el delito. La Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn confirmó esa afirmación en 2017: Mark Denny no tuvo nada que ver con el crimen. Treinta años después de entrar en la cárcel, fue exonerado y puesto en libertad.
En marzo de 2018, el ex recluso envió "una notificación de reclamación" en la que se informaba al contralor Scott Stringer que el inocente demandaría al Estado por inculparle en un delito que él nunca cometió.
En el escrito recordó que la empleada del Burger King no le identificó, inicialmente, como uno de sus agresores, cuando los investigadores le enseñaron su fotografía. Sin embargo, a los días, durante una rueda de reconocimiento, la víctima lo señaló y lo sacó de la alineación.
En su notificación, Mark Denny alega que los investigadores realizaron "sugerencias directas para inducir" a la víctima a identificarle como autor del delito. Pero no quedó ahí.

En su opinión, "El Departamento de Policía de Nueva York fabricó pruebas que fueron presentadas a la fiscalía a través de informes escritos y orales falsos y al jurado mediante falso testimonio durante el juicio", pruebas que se convirtieron en la base para condenarle. También les acusa de no haber comprobado su coartada, de "rechazar de forma intencionada seguir otras pistas evidentes", y de no encontrar en la escena del crimen ninguna prueba de ADN que pudiera inculparle.
Tras la notificación, y después de estudiar el caso con detenimiento, el contralor Scott Stringer acordó pagar a Mark Denny una compensación de USD 9.750.000, según reportó el diario estadounidense New York Post. De acuerdo a este medio, Stringer habría realizado esta oferta para evitar una demanda contra la ciudad que habría ascendido a USD 50.000.000.
"Fue lo mejor para el interés de la ciudad resolver el litigio previamente", dijo la portavoz del contralor a The New York Post, tras negarse a dar mayor información al calificar la naturaleza del caso como extremadamente sensible.
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