
El fondo de la casa de Eloísa Támez, una apache del grupo lipán, era un terreno baldío. Tenía el horizonte como fondo, pero actualmente el patio trasero está atravesado por una imponente valla de 5,5 metros de altura, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Con un detalle: ella sí puede atravesar el portón para cruzarlo a su gusto.
Los antepasados de Támez eran dueños de esta tierra, en el fronterizo poblado de El Calaboz (en el sureste de Texas) un siglo antes de que una guerra impusiera el límite entre el estado y México.
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Hace años que las autoridades federales han levantado muros y rejas a lo largo del límite nacional. Pero como no era posible construir una estructura en medio del Río Grande, la frontera natural, se decidió erigirlo a un par de kilómetros al norte de la orilla.

Eso causó que algunas de las tierras por donde pasa el muro -y pasará, si sigue construyéndose- fuera propiedad de tribus nativas o de granjeros privados. Es lo que sucedió casi diez años atrás a Támez, profesora de enfermería de la Universidad de Texas en el Valle Del Río Grande y activista de los derechos de la tribu lipán apache.
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"Es muy triste ver lo que sucedió a mi propiedad, que era valorada por mis padres no por el dinero, sino por lo que la tierra producía para nosotros, porque mi padre era granjero", dijo la mujer de 83 años. "La violaron", añadió. "Me pone muy triste ver que esto esté sucediendo y me alegra que mis padres no hayan llegado a verlo".
Las autoridades federales le dieron una clave para abrir el portón que le permite acceder al otro lado de su tierra ancestral: 1,2 hectáreas de desierto salpicado de cactus y mezquites.
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Eso es lo que queda de las casi 5.000 hectáreas que pertenecían a sus antepasados Lipán Apaches desde el siglo XVIII, gracias a una concesión de tierra de la Corona española.
En 2009, después de perder una demanda del gobierno federal, Támez se vio "coaccionada" a recibir una compensación de 56.000 dólares, que donó a becas de enfermería en nombre de sus padres.
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Otros granjeros, cuyos terrenos quedaron en su totalidad al sur del muro, también recibieron códigos de acceso a sus propiedades.
Pero la mayoría de los casos se dirimieron con apropiaciones del gobierno federal por valores que promediaron los 12.600 dólares, según una investigación de la radio pública NPR, tras analizar 320 "casos de vallas" entablados entre 2008 y 2016 en la zona del Valle del Río Grande, algunos de los cuales siguen en litigio.
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Situaciones como ésta pueden multiplicarse si Trump tiene éxito en su proyecto de amurallar toda la frontera, un tercio de la cual ya está vallada gracias a una ley de 2006 del entonces presidente George W. Bush.
Para Támez, "la actual crisis migratoria es resultado de la incapacidad del Congreso de hacer cumplir las leyes durante décadas".
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Un proyecto de reforma migratoria que incluía la propuesta del presidente de construir un muro que diseccione los 3.218 km de frontera, y que costaría 25.000 millones de dólares, volvió a fracasar el miércoles pasado en el Congreso.

"La pérdida de nuestras tierras para construir un muro es un parche a la crisis migratoria, y no la solución", agregó Támez. "El Congreso no ha sido capaz de gobernar como debe hacerlo. En lugar de eso, hacen politiquería".
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"No es la primera vez que violan nuestros derechos al quitarnos nuestra tierra", prosiguió la activista nativa, evocando una apropiación ocurrida en 1936. Y, si el proyecto de Trump tiene éxito, puede que tampoco sea la última.
(Con información de AFP)
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