Caso Interbolsa: Alessandro Corridori no recibirá indemnización que le pidió al Estado por haberlo investigado

Este jueves 10 de noviembre se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se rehusó a que el Estado pague la costosa indemnización que había pedido el ciudadano italiano Alessandro Corridori, uno de los involucrados en el escándalo del desfalco de Interbolsa, corredora de bolsa colombiana que quebró porque sus directores empezaron a desviar recursos de los inversionistas para propósitos personales.

Cuando lo incluyeron en la investigación, a Corridori le habían imputado los cargos de concierto para delinquir, manipulación de especies agravada y administración desleal. La Fiscalía General de la Nación concluyó que el italiano “operaba como representante legal y vocero de sus empresas. Él desde sus oficinas meneaba las operaciones ilegales de compra y venta”, sentenció. Además, según el ente acusador, “todos los hechos eran conocidos por los altos directivos de Interbolsa”. No obstante, su caso prescribió en agosto de 2020.

El tribunal revisó su solicitud y consideró que, durante el proceso legal de Interbolsa, el italiano pudo ejercer sus derechos al debido proceso y a la defensa. Además, dice el fallo, “el señor Corridori intervino como inversionista en el mercado de valores realizando operaciones financieras provocando una alta liquidez y donde Interbolsa vio necesario abrir el proceso contra Corridori”, por lo cual investigarlo era judicialmente razonable. Por ello, le negaron la indemnización que pidió.

Cabe recordar que, después de zafarse del caso Interbolsa, Corridori también se vio envuelto en el escándalo del contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual causó un desfalco de 70 mil millones de pesos —que se iban a destinar a la conexión a internet de los niños y jóvenes más vulnerables del país— y la renuncia de la entonces ministra, Karen Abudinen.

El italiano hace parte de la lista de visitantes de la oficina de cristal donde Emilio Tapia trabajó en este contrato. Según la Fiscalía, la desaparición de parte de los registros de ingreso a esta oficina, en el norte de Bogotá, pretende proteger a una serie de personajes, entre gobernadores, políticos y empresarios. Además del excontralor Miguel Ángel Moralesrussi y un empresario antioqueño, según información del diario El Tiempo, se estableció que uno de los visitantes de la oficina de Tapia fue Corridori.

Además, antes de que se conociera sobre estas garantías falsas en el contrato con el Mintic, por 1,07 billones de pesos, Corridori fue visto en la oficina de Tapia al menos cinco veces, en compañía del abogado Camilo Andrés Bolívar. Este último es el jurídico de Anzety S. A. S., una empresa constituida en enero de 2017 que trató de comprar el equipo Deportivo Pereira, por 31.200 millones de pesos.

Parece ser, de acuerdo a lo que estableció el mismo diario, que Corridori invitó a Tapia a participar de ese negocio, por lo que el controvertido contratista estaría pensando en usar parte del anticipo del Ministerio de las TIC, porque Anzety no tenía los 3.100 millones de pesos que se requerían para quedarse con ese negocio.

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